El 17 de octubre de 2017, seis días después del asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez, se inició un traspaso a otra persona de la camioneta Ford modelo Ranger XLT color azul, propiedad del imputado Argenis Contreras González, para imposibilitar su rastreo.
Según el Ministerio Público, en la petición de medida de coerción contra tres hombres acusados de ser cómplices de Argenis (apresado el miércoles en Nueva York), desde el teléfono de su pariente, Lucas Ortega Duarte, “fue enviada por WhatsApp una fotografía del plástico físico de la cédula de identidad Argenis Contreras González, al ciudadano Elmer Emilio Frías Méndez, a los fines de que el mismo pudiera hacer el traspaso del vehículo Ford modelo Ranger XLT color azul, y así imposibilitar tanto el rastreo como la vinculación del vehículo con Argenis Contreras González”.
Fue el mismo 17 de octubre, cinco días después de que Argenis huyera del país por el aeropuerto Las Américas, que las autoridades hallaron la camioneta en una carretera próximo a la comunidad de Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, con manchas de sangre en el asiento delantero derecho, y un impacto de bala en el cristal de la puerta delantera derecha.
En el documento el Ministerio Público reitera que el caso de la muerte del profesor universitario es un hecho de carácter complejo “del cual desprenden innumerables diligencias para completar la investigación del mismo, envolviendo la participación de un número aún indeterminado de personas como posibles implicadas y responsables del asesinato y corrupción administrativa”.
Por el caso ya cumplen prisión preventiva el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Antonio Rivas, el director financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande.
El domingo fueron apresados Ortega Duarte, Víctor Elisander Raverlo Campos (“El Herrero”), y Jorge Luis Abreu Fabián (DJ y El Taxista).
Mientras que el lunes fue detenida Heidy Peña, esposa de Argenis y para quien el Ministerio Público pide un año de prisión preventiva.
