“¿Se pagan los 50 millones de pesos de la garantía económica impuesta?”, cuestionó este jueves el abogado Félix Portes la medida de coerción dictada por la jueza Fátima Veloz a los imputados Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó y dejó un saldo de 235 muertos y unos 180 heridos.
“La respuesta es no”, dijo Portes a través de su cuenta de X.
El abogado, representante de varias de las víctimas del derrumbe del techo de la discoteca, señaló que la garantía económica de 50 millones de pesos fijada por el tribunal a los hermanos Espaillat no implica el pago total de ese monto, sino apenas una fracción del mismo.
Portes explicó que esta garantía económica fue impuesta mediante una aseguradora, lo que significa que los imputados solo deben pagar una prima —es decir, un porcentaje del monto total— que generalmente oscila entre un 4 % y un 10 %, dependiendo la aseguradora.
“En términos prácticos, cada uno podría pagar entre 2 y 5 millones de pesos por concepto de prima”, indicó el abogado.
Pero lo más interesante fue el cálculo que realizó, partiendo de la garantía económica: si se toma como base una prima de cinco millones de pesos, y se divide entre las 415 víctimas del desastre (235 muertos y 180 heridos), el resultado sería de apenas RD$12,048 por cada vida afectada, explicó Portes.
“La libertad podría costar menos de 12 mil pesos por cada vida perdida o destruida. Así de barata puede salir la impunidad en República Dominicana”, criticó Portes en la red social.
Portes también enfatizó que la prima pagada a la aseguradora no es reembolsable, incluso si los imputados cumplen todas las condiciones impuestas por el tribunal, lo que convierte ese pago en el simple costo de recuperar la libertad mientras avanza el proceso.
“Es importante destacar que la prima pagada no es reembolsable, aunque la persona cumpla con todas las condiciones impuestas por el tribunal. Es el costo de contratar la fianza”, escribió.
“burla a las víctimas”
Casi a las dos de la madrugada del jueves, la jueza Veloz ordenó que los hermanos Espaillat encaren en libertad su juicio por homicidio involuntario. Además de la fianza, a ambos se le dictó presentación periódica e impedimento de salida.
El Ministerio Público (MP) solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel. El caso se declaró complejo, según abogados que participaron en la audiencia.
El MP apelará la decisión de la jueza, indicó el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.
Camacho dijo a los periodistas que la medida de coerción es una “burla a las víctimas”.
“Sabor a injusticia”
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que la decisión de la jueza ha dejado un “profundo sabor a injusticia” en el país.
“Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia”, escribió Ramos en su cuenta de X.
“No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, agregó.
