Sao Paulo.- La Justicia brasileña aceptó el pedido de recuperación judicial realizado por el conglomerado brasileño Odebrecht, envuelto en un gigantesco escándalo de corrupción que ha salpicado a gobernantes de diversos países de Latinoamérica, confirmó este martes la empresa.
El juez del primer tribunal de quiebras de Sao Paulo, Joao de Oliveira Rodrigues, aceptó el pedido formulado por ODB, el holding que controla las diferentes empresas del grupo, para evitar la bancarrota.
Se trata del mayor proceso de recuperación judicial de la historia de Brasil y supera la solicitud realizada por Oi, una de las mayores compañías de telefonía del país y que se declaró en bancarrota en 2016, con unas deudas por los 65.000 millones de reales (unos 16.665 millones de dólares).
Las deudas del holding superan los 98.000 millones de reales (unos 25.192 millones de dólares), aunque del monto total, cerca de 84.000 millones de reales (unos 21.595 millones de dólares) son créditos concursales y están sujetos a recuperación judicial.
No obstante, ODB aclaró que, de esos 84.000 millones, alrededor de 33.000 millones de reales (8.483 millones de dólares) son deudas contraídas entre las propias compañías del grupo.
Al acogerse a la ley de quiebras, el holding dejó fuera del perímetro de recuperación judicial, entre otras, a la petroquímica Braskem, a Odebrecht Ingeniería y Construcción y a Ocyan, consideradas como “bienes esenciales” para la supervivencia del grupo.
La administración del conglomerado subrayó en un comunicado que el pedido de “recuperación judicial se convirtió en la medida más adecuada” para posibilitar la “conclusión exitosa” de su proceso de reestructuración financiera ante el “vencimiento de diversas deudas, la ocurrencia de hechos imprevisibles y los recientes ataques a los activos de las empresas”.
Los problemas de Odebrecht, una de las empresas más poderosas de Latinoamérica, comenzaron hace cinco años, cuando se destapó en Brasil el gigantesco escándalo de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobras.
Las investigaciones de la Lava Jato dieron por comprobado que el grupo participó en un cartel junto con otras empresas para adjudicarse contratos y que durante años sobornó a políticos y directivos de diversos niveles, una trama que se extendió por otros países de Latinoamérica y de África.
La constructora ha firmado acuerdos, que incluyen el pago de multas, con los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Ecuador y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga y trabaja con otros países para cerrar pactos similares.
Odebrecht recordó en un comunicado que llegó a tener 180.000 empleados hace cinco años y hoy tan solo cuenta con 48.000, como consecuencia de “una crisis económica que frustró muchos de los planes de inversiones de ODB, del impacto en la reputación por los errores cometidos y por las dificultades por las cuales pasan empresas que colaboran con la Justicia para volver a recibir nuevos créditos y tener sus servicios contratados”.
