El nuevo presidente de la Junta Central Electoral garantizó ayer que ese organismo custodiará la seguridad jurídica del origen de la familia dominicana, a fin de que “nuestra nacionalidad no se diluya y desmorone por falta de celo legal en el otorgamiento de la misma”.
Al tomar juramento en el Senado, el doctor Julio César Castaños Guzmán consideró que es una labor capital de la JCE la de custodiar los atributos de la personalidad de los ciudadanos: nombre, domicilio, estado civil, capacidad, que son asentados en el registro civil, al hacer constar los hechos jurídicos del nacimiento y la muerte de las personas.
Además los actos solemnes del matrimonio, aparte de la identidad y la nacionalidad de los individuos.
“Hoy asumimos la administración responsable de la cédula de identidad y electoral, que es el instrumento más eficaz de ciudadanización existente en el orden jurídico de la nación”, dijo Castaños, tras ser juramentado por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.
En la ceremonia celebrada en el Senado de la República, y en presencia de otros senadores; además tomaron juramento Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano y Henry Mejía como miembros titulares de la JCE para el período 2016-2020, luego de que fueran escogidos por el pleno senatorial en la sesión del pasado miércoles, 16 de noviembre. También fueron juramentados José Miguel Minier, José Lino Martínez, Luis García, Rafael Evangelista Alejo y Juan Bautista Cuevas como suplentes de los miembros del organismo.
Minutos después una comisión de senadores, encabezada por el vicepresidente, Dionis Sánchez, se trasladó a la sede de la JCE para dejar formalmente instalado el órgano electoral.
Castaños Guzmán agregó que la cédula hace ostensible la identidad “de quiénes somos, además de que abre las puertas a la vida civil”.
También permite trabajar, elegir, ser elegido, decidir sobre asuntos propuestos en los referendos, casarse, contratar, estudiar y demandar, dijo. “Al mismo tiempo debemos velar por las cédulas de militares y policías, así como la de extranjeros y menores, por las consecuencias constitucionales que se desprenden de la capacidad para el ejercicio de los derechos de ciudadanía”, dijo el magistrado.
