Existen, básicamente, dos formas de delito económico en Cuba. Uno es “la lucha”, socialmente aceptada en tanto facilita conseguir por vías informales productos de primera necesidad a los que el Estado impone sobreprecios. La otra es la de cuello blanco, liderada en ocasiones por funcionarios o empleados públicos que obtienen interés o beneficio aprovechándose de su cargo.
El jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, Biliardo Amaro, reconoce este último en un área que, considera, puede repuntar con el aumento de negocios en el exterior: la corrupción en la contratación internacional.
“A partir de los 90 y acentuándose desde los 2000 —reveló el funcionario durante una alocución en el Palacio de las Convenciones de La Habana—, la tendencia en estos hechos en nuestro país ha tenido un incremento cuantitativo permanente, pero sobre todo con una mayor cualificación de su organización, comisión, colectivización e incluso internacionalización”.
Tanto así, que Amaro propuso al fiscal general de la República, Darío Delgado, “organizar un sistema de enfrentamiento al fenómeno creciente de la corrupción en el resto de las provincias del país”.
Fidel Castro, aún siendo presidente, reconoció públicamente la existencia del fenómeno: “No pocos hacían evidente su corrupción, y muchos lo sabían o lo sospechaban, porque veían el nivel de vida y a veces por tonterías: este cambió el carrito, lo pintó, le puso esto, o le puso unas banditas bonitas porque se volvió vanidoso; 20 veces lo hemos oído por aquí, por allá, y hay que tomar medidas por aquí o por allá”, dijo en 2005.
Raúl Castro, en 2013, frente al Parlamento cubano, prometió fustigar tales manifestaciones “que atentan contra las bases mismas de nuestro sistema social, partiendo de que sin la conformación de un ambiente de orden, disciplina y exigencia en la sociedad, cualquier resultado será efímero”.
Días después, adjunta a la Fiscalía General de la República (FGR), se creó la oficina que encabeza Amaro. “En las condiciones actuales —aceptó en una ponencia sobre procesos penales asociados al tema— es necesario elevar el nivel de enfrentamiento al delito transnacional”, incluyendo el derivado de acciones contractuales.
