La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, sugirió este jueves a las autoridades de República Dominicana la posibilidad de crear una mesa para discutir la situación legal de los descendientes de inmigrantes haitianos en el país.
Mantilla hizo la sugerencia al final de una audiencia virtual de la CIDH centrada en los derechos humanos de los migrantes haitianos y de sus descendientes en República Dominicana.
La mesa serviría “no para solucionar” los problemas, “sino para plantear posibilidades” y para aportar la experiencia de la CIDH en la aplicación de los estándares de respeto a los derechos humanos, dijo.
“La comisión quiere escuchar, conocer y aportar en esa línea”, manifestó Mantilla, después de agradecer al Estado dominicano por su “colaboración”, puesta de manifiesto por su participación a alto nivel en la reunión de hoy.
En la audiencia, los descendientes de haitianos denunciaron que se producen “obstrucciones” por parte del Estado dominicano en los procesos legales que atañen a los miles de personas que fueron despojadas de la nacionalidad dominicana en virtud de una sentencia judicial emitida en 2013.
Afirmaron que más de 35,000 personas que recuperaron la nacionalidad dominicana gracias a una ley de 2014 aún no han recibido su documento de identidad.
Esta situación les causa problemas para acceder a servicios públicos, entre ellos de salud o de educación, y les expone al riesgo de ser deportados a Haití, según denunciaron.
Otro grupo compuesto por cerca de 8,000 personas que se acogieron a un plan de regularización para obtener la nacionalidad dominicana, hay 7,149 personas a la espera de una decisión final por parte del Ejecutivo, a pesar de que el proceso concluyó en 2015.
Otras 800 personas de ese grupo recuperaron su nacionalidad dominicana por medio de dos decretos firmados entre 2020 y 2021, pero hasta el momento ninguno de ellos ha recibido la documentación que acredite su nacionalidad, según denunciaron.
En la audiencia, el embajador dominicano ante la OEA, Josué Fiallo, expuso los esfuerzos del Estado para regularizar a las personas afectadas por la sentencia de 2013 y defendió que los planes de regularización se acoten a un plazo determinado, rechazando que se mantengan de forma permanente.
De forma paralela, los grupos de la sociedad civil también denunciaron las recientes “deportaciones masivas” de haitianos, incluyendo a mujeres embarazadas, lo que ha suscitado críticas por parte de la ONU.
El representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, recordó que el sistema de Naciones Unidas se ha pronunciado en dos ocasiones al respecto y que, el pasado febrero, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a República Dominicana que suspenda las deportaciones de mujeres embarazadas.
Fiallo negó que se estén produciendo deportaciones masivas y explicó que desde 2018 se ha triplicado el número de mujeres haitianas que dan a luz en hospitales dominicanos, recalcando que el Estado invierte 5.4 millones de dólares al año en darles atención médica a las parturientas haitianas.
