La base política que apoya al presidente interino de Brasil, Michel Temer, propuso hoy acelerar el trámite para el juicio que le puede costar el cargo a la mandataria interina Dilma Rousseff y la falta de consenso dejó la decisión en manos de la Corte Suprema.
La polémica propuesta de recortar los plazos para el juicio político que enfrentará Rousseff fue presentada ante la comisión del Senado responsable del proceso y generó fuertes críticas entre los parlamentarios que respaldan a la mandataria suspendida.
La autora de la moción que encendió la polémica fue la senadora Simone Tebet, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, quien propuso acortar en unos 20 días el plazo inicial y que la primera de las dos sesiones en que el pleno del Senado decidirá la suerte de Rousseff sea el 12 de julio.
La propuesta llegó a ser aceptada por la mayoría favorable a la destitución de Rousseff que hay en la comisión de 21 senadores, pero una fuerte arremetida del ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT) logró contenerla.
El propio abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, encabezó la respuesta y sostuvo que aprobar un recorte de los plazos supondría “pisotear la Constitución” y “sepultar el derecho a la defensa” que le cabe a la mandataria.
La comisión celebraba hoy su segunda reunión desde la suspensión de Rousseff de sus funciones con el objetivo de votar un calendario de trabajo planteado por el senador instructor, Antonio Anastasia, que fijaba la primera de las votaciones en el pleno del Senado entre el 1 y 2 de agosto.
Cardozo dijo que desde el inicio se proponía rechazar ese plazo, pues un proceso “de esta naturaleza, en el que juzga a una jefa de Estado, no puede tener una fecha fija para concluir”.
No obstante, ante la propuesta de la senadora Tebet, amenazó con apelar a la Corte Suprema, que divide la responsabilidad del juicio con la comisión de la Cámara Alta.
Frente a las divergencias, el presidente de la comisión, Raimundo Lira, decidió entonces “consultar” al Supremo sobre la viabilidad de la propuesta de Tebet, que de ese modo deberá ser analizada en los próximos días por el tribunal.
La intención del Gobierno interino de acelerar el proceso quedó clara durante la sesión de la comisión del Senado, pero fue patente también en unas declaraciones que ofreció hoy el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, durante una rueda de prensa.
“Preocupa, sí. Hay preocupación”, dijo Padilha consultado sobre la posibilidad de que algunos de los senadores que el mes pasado se pronunciaron por admitir a trámite el proceso contra Rousseff voten ahora en contra de su posible destitución.
El juicio político que puede despojar a Rousseff de su mandato fue instaurado el pasado 11 de mayo por el Senado, con 55 votos a favor y 22 en contra.
En la votación definitiva, que ocurrirá una vez que concluya la fase procesal, la mandataria solo será destituida en caso de que lo respalden al menos 54 de los 81 senadores, lo cual representa una mayoría calificada de dos tercios.
En las últimas dos semanas, al menos dos de los senadores que apoyaron la apertura del juicio político han sugerido que podrían votar en contra de la destitución, lo cual pudiera llevar a la absolución de Rousseff y a su inmediato retorno al poder.
“Estamos a unos 60 días de la votación (definitiva) y, por lo tanto, vamos a escuchar muchas manifestaciones que no esperábamos”, declaró Padilha.
No obstante, subrayó que “la premisa es la voluntad de la mayoría de la población brasileña”, que en su opinión es favorable a que se destituya a Rousseff y a que Temer continúe en el poder hasta que se celebren las elecciones previstas para octubre de 2018.
“Tengo certeza de que el Senado lo retratará”, indicó Padilha, aunque apuntó que “para eso, el Gobierno (de Temer) tendrá que hacer su parte” y recobrar la confianza de la sociedad y los inversores en el futuro del país y en la fortaleza de sus instituciones.
