El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se defenderá el jueves ante un Congreso dispuesto a destituirlo ante las acusaciones de que mintió sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
“Ya se me condenó anticipadamente”, se quejó Kuczynski en un recurso de amparo presentado este miércoles ante la justicia, en el que pide detener el proceso de “vacancia presidencial” iniciado por el Congreso.
El mandatario corre el riesgo de ser cesado por “incapacidad moral” y convertirse en el primer presidente en perder su puesto por el caso Odebrecht, que admitió haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para lograr importantes contratos de obras públicas.
“Yo no he mentido, no soy corrupto”, ha repetido Kuczynski, cuyos asistentes intentaban a última hora disuadir a diversos legisladores de votar en favor de la distitución, según medios peruanos.
Los analistas advierten que la economía peruana sufrirá un “impacto fuerte” por la incertidumbre política y la Iglesia Católica ha llamado a evitar que la crisis se profundice.
“La suerte del presidente Kuczynski está echada”, dijo a la AFP el analista político Luis Benavente, quien vaticinó que el mandatario de centroderecha será destituido el mismo jueves.
La OEA enviará una misión a Lima a observar el proceso de vacancia a pedido de Kuczynski, integrada por Jean Michel Arrighi, secretario de Asuntos Jurídicos, y Gustavo Cinosi, asesor senior del secretario general Luis Almagro.
Por su parte, el primer vicepresidente peruano, Martín Vizcarra, quien asumiría el gobierno en caso de que destituyan al presidente, llegó a Perú este miércoles y afirmó su lealtad al mandatario.
“El presidente me pidió que retorne hoy y aquí estoy, al lado del presidente. Primero para escucharlo y para que se aclaren todas las dudas”, dijo Vizcarra, quien además es embajador peruano en Canadá.
– ¿Cinco millones de dólares? –
Kuczynski entregará sus descargos desde las 09H00 locales (14H00 GMT) ante un Congreso dominado por la oposición decidido a destituirlo, ocho días después de que el escándalo Odebrecht se cobrara otra prominente víctima, el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por recibir sobornos.
Empresario de 79 años con experiencia y amigos en Wall Street, Kuczynski alega que nunca recibió un pago ilegal de la compañía brasileña, pero tres de cada cinco peruanos estiman que debe dejar el poder, según encuestas.
Después de escuchar los descargos del mandatario, el Congreso unicameral sostendrá un debate antes de votar si lo destituye por haber ocultado que empresas vinculadas a él realizaron asesorías a Odebrecht, por las que les pagó casi cinco millones de dólares.
Para aprobar la vacancia por “incapacidad moral permanente” de Kuczynski, con base en que negó insistentemente sus vínculos con la constructora para luego ser desmentido por la propia empresa, se requieren 87 votos de los 130 escaños del Parlamento.
Los votos parecen asegurados, puesto que el proceso de destitución fue solicitado por 93 legisladores.
– “Que se vayan todos…” –
El partido fujimorista Fuerza Popular, que ha tenido contra las cuerdas a Kuczynski desde que comenzó su mandato en julio de 2016, le exigió hace unos días renunciar para evitar ser destituido.
Pero los acusadores del presidente tampoco están exentos de sospechas: la propia líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori), es investigada por Odebrecht y debe declarar ante la fiscalía. Debía hacerlo este miércoles, pero pidió postergar la entrega de su testimonio.
En una señal de que la desconfianza hacia los políticos peruanos, organizaciones sociales y sindicales convocaron a una “gran marcha nacional” para este miércoles para exigir “que se vayan todos los corruptos”.
Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos para ganar obras en Perú entre 2004 y 2015, periodo que abarcó los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que Kuczynski fue ministro; Alan García (2006-2011); y Ollanta Humala (2011-2016).
Humala permanece en prisión preventiva, acusado de recibir tres millones de dólares para su campaña electoral de 2011, mientras que contra Toledo pesa una orden de extradición desde Estados Unidos, por recibir presuntamente 20 millones de dólares en sobornos para conceder a Odebrecht la construcción de una carretera.
