El informe comisionado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para determinar si existen las bases jurídicas para un juicio político contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, concluyó que se cometieron cinco delitos en relación al chat de Telegram encabezado por el primer ejecutivo y recomendó el residenciamiento.
La conclusión fue unánime, confirmó Luis E. Rodríguez-Rivera, uno de los tres juristas que compone el comité especial a cargo del análisis.
Del total de delitos, cuatro son de carácter grave y uno de carácter menos grave, que implica depravación, confirmó el licenciado.
Asimismo, se confirmó que tres de los delitos son del Código Penal y dos de la Ley de Ética Gubernamental.
El comité de juristas -anunciado por Méndez el 19 de julio- está compuesto, además, por los abogados Francisco Reyes y Enrique Colón Santana. Los abogados tenían un máximo de 10 días calendario, o hasta el 29 de julio, para rendir un informe detallado con conclusiones a base de derecho.
El informe, que fue entregado por Colón Santana a Méndez a eso de las 12:10 p.m., concluye que Rosselló pudo haber incurrido en malversación de fondos públicos, además de ver sido negligente en el cumplimiento del deber y haber cometido apovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.
Colón Santana dijo esta tarde que se trató de un análisis “complicadísimo” y confirmó que la recomendación de residenciamiento fue unánime.
“Con la evidencia que examinamos concluimos que, efectivamente, nuestra recomendación al cuerpo que le corresponde es que se proceda con el juicio de gobierno, que es la presentación de un documento de acusación para que continúen los procedimientos en la cámara que corresponde, que es el Senado”, dijo Colón Santana a la prensa, quien no precisó los delitos.
Sí hizo la distinción entre el procedo de residenciamiento, que no conlleva “una valoración penal”, sino los elementos de un posible delito. “El que la Cámara determine o el Senado que no haya base para un juicio político, sencillamente cualquier persona puede ser sujeta a las acusaciones”.
Específicamente, la función del Comité era evaluar todo el contenido publicado del chat de Telegram y estudiar si existe prueba de que hubo comisión de delito por parte del gobernador Rosselló Nevares en dichas conversaciones.
