SANTIAGO.-El doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), reclamó durante el desarrollo del diplomado sobre Constitución y Derechos Fundamentales que auspicia el Tribunal Constitucional en Santiago, a la AMET y la Procuraduría General de la República, que hacen con alrededor de 300 millones de pesos al año que recaudan por las multas que de manera ilegal cobran, porque no son impuestas por un juez, como establecen las leyes.
Dijo que es un derecho de la población, saber, quien decidió que los recursos millonarios procedentes de las multas de Tránsito que deben ir a la Tesorería Nacional, se depositen en la Procuraduría y que se destinen a cubrir gastos del Nuevo modelo penitenciario, en vez de dedicarlo a la solución de otras necesidades del país.
Durante su ponencia sobre la Constitución y la creación del TC, Vidal Potentitini, reveló que la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), no tiene facultad para imponer multas a los ciudadanos por una supuesta violación de la ley de tránsito, ya que es competencia de un juez que previamente haya refrendado la denuncia por infracción.
Asimismo, el jurista dijo que la AMET recauda anualmente cientos de millones de pesos por concepto de las multas de violación a la ley de tránsito, cuyos recursos, considera que no tiene un enfoque necesariamente transparente en su destino.
“No se puede imponer una multa, porque una multa es una pena y solamente los jueces están en condiciones de aplicarla, previo a un juicio con todas las garantías, pero hay gente que decide pagarla”, afirmó el doctor Vidal Potentini.
Dijo que la AMET impone multas y envía a la gente a pagarla al Banco de Reservas cuyos fondos, los que cree son cientos de millones de pesos al año, van dirigido al Ministerio Público para el nuevo modelo penitenciario, pero que esos recursos al parecer no se manejan del todo con transparencia porque no llegan a la tesorería nacional, aunque aclaró que con esto intente decir que hay irregularidades.
