El Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados que investiga los casos de los diputados Sadoky Duarte, de Sánchez Ramírez, y Pedro Botello, de la provincia La Romana, se reunió nuevamente la tarde de este lunes y determinó citar a los legisladores este viernes y próximo lunes, respectivamente, a la 10:00 de la mañana en el Congreso Nacional.
En el día de hoy nos acercamos a finalizar el proceso de instrucción del caso y la recolección de pruebas y vamos a escuchar a los dos legisladores con la instrucción que va a hacer la diputada instructora, Edirda De Óleo, que hace un gran trabajo investigativo”, expresó el presidente del Consejo, el diputado Sandro Sánchez.
A Sadoki Duarte se le acusa de haber agredido a una joven cabo de la Policía Nacional, mientras esta cumplía con sus funciones en horas del toque de queda en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Mientras que al diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, enfrenta un juicio disciplinario por haber participado en una protesta que se tornó violenta en las afueras del Congreso Nacional que provocó daños a su estructura, en momentos en que manifestantes reclaman el desembolso del 30 % de sus fondos de pensiones y lanzaron piedras contra vehículos.
El Consejo de Disciplina estaría presentado un informe la próxima semana al pleno de la Cámara de Diputados.
Tipo de sanciones
El Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados podría castigar a los legisladores con una amonestación privada, privación del disfrute de viáticos o, hasta, recomendar al pleno de la Cámara que lo acuse ante el Senado en un juicio político.
La Constitución en su artículo 83 indica que con el voto de las dos terceras partes de la matrícula, la Cámara podrá acusar al diputado ante el Senado por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. A partir de ese momento, correspondería al Senado decidir si lo destituye, también con el voto de las dos terceras partes de los senadores.
En caso de despojarle de su investidura, el legislador sería inhabilitado para desempeñar cargos públicos, sean o no de elección popular, por un período de 10 años, y quedaría a expensas de la justicia ordinaria en caso de que se le someta.
