Ramón Cruz BenzánEl juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia dejó hoy en estado de fallo una solicitud de dos empresas norteamericanas que reclaman la devolución de una aeronave, que el Ministerio Público le atribuye al senador Félix Bautista.
El magistrado Alejandro Moscoso Segarra, luego de escuchar las conclusiones de los abogados de las empresas Sparkles Management Servicews, LTD y Secure Airocrp y del Ministerio Público, se reservó el fallo para darle a conocer posteriormente.
Los abogados que representan a Anja Wischenbart y Thomas Bartolozzi, doctores Xavier Marra Martínez y Manuel Conde Cabrera, en su conclusiones pidieron al tribunal ordenar la devolución de la aeronave “Gulfstream”, modelo G-1159, matrícula N522HS, ya que la misma fue adquirida de buena fe.
Expresaron que las referidas empresas son los reales propietarios y que el Ministerio Público no solicitó autorización judicial para limitar el derecho de propiedad sobre dicha aeronave, y que sus directivos no tienen ningún proceso penal abierto en su contra que las vinculen con violaciones a la ley penal.
De su lado, el Ministerio Público representado por el Procurador General adjunto, Carlos Castillos pidió al tribunal mantener la medida adoptada, y que la misma fuera fallada conjuntamente con la solicitud de apertura a juicio en contra del senador Félix Bautista y otras seis personas acusados de presuntos acto de corrupción y de lavado de activos.
La inmovilización de la aeronave fue hecha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo el alegato de que el avión es parte de los bienes investigados en ocasión del proceso seguido al senador por San Juan y los demás imputados.
Alega que esa aeronave habría sido sacada del país en septiembre del presente año hacia La Florida, Estados Unidos, con la matrícula N16YY y regresó nuevamente el seis de noviembre, con la matrícula N522HS, luego de operarse una transferencia simulada.
Empero, el legislador niega que haya distraído bienes y que sea propietario de la aeronave inmovilizada por el Ministerio Público.
