Un juez federal bloqueó este jueves a nivel nacional la aplicación del decreto del presidente Donald Trump que quiere acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
El veredicto llega días después de que la Corte Suprema emitiera un fallo histórico el 27 de junio que limita la capacidad de los jueces para frenar políticas en todo el país mediante medidas cautelares universales a partir de casos particulares.
De este modo el máximo tribunal dio luz verde para que los planes de Trump, que aspira a restringir la ciudadanía automática para hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas, pudieran entrar en vigor en algunas partes del país. Pero no declaró que esta política sea legal o acorde con la Constitución.
Además prohibió que el decreto de Trump entrara en vigor en un plazo de 30 días, es decir hasta el 27 de julio, y dejó abierta la posibilidad de que los jueces aceptaran demandas colectivas.
Las organizaciones de defensa de los migrantes aprovecharon la ocasión para seguir batallando contra el decreto y pidieron el estatus de acción colectiva en algunas demandas.
Este jueves el juez federal Joseph Laplante de New Hampshire (noreste) accedió y les permitirá representar a cualquier bebé cuya ciudadanía se vea amenazada por el decreto de Trump.
“El tribunal concede la petición de los demandantes para la certificación provisional de acción colectiva” porque cumple “con los requisitos“, afirma el fallo. Esto permite al juez bloquear el decreto a nivel nacional.
Según el fallo, se aplica a los bebés nacidos el 20 de febrero de 2025 o después, cuyas madres estén en el país en situación irregular o de forma legal pero con una visa temporal y cuyos padres no sean estadounidenses o residentes permanentes en el país.
El magistrado Laplante recalca no obstante que es una “medida cautelar preliminar” y otorgó un plazo de siete días para que el gobierno pueda recurrir.
“Este fallo es una gran victoria y ayudará a proteger la ciudadanía de todos los niños nacidos en Estados Unidos, tal como lo dispone la Constitución”, afirma en un comunicado Cody Wofsy, directivo de La unión estadounidense de libertades civiles (ACLU), una de las organizaciones que presentó el caso.
El principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
La Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo del caso pero es muy probable que el gobierno de Trump le acabe pidiendo que lo haga.
