LOS ANGELES, (AFP) – Un juez de California emitió una orden judicial prohibiendo al gobierno de Estados Unidos que impida la entrada al país de más de dos docenas de yemeníes con visas válidas, en un nuevo desafío al polémico decreto migratorio del presidente Donald Trump.
El juez Andre Birotte falló a favor de una petición de la abogada de inmigración Julie Goldberg y su socio Daniel Covarrubias-Klein en nombre de 28 yemeníes que quedaron varados en la minúscula nación africana de Yibuti en tránsito hacia Estados Unidos debido al decreto.
Algunos de ellos tienen la doble nacionalidad yemení-estadounidense y poseen residencia permanente en Estados Unidos. El fallo se suma a otros similares de jueces de otros estados, como Nueva York, Virginia y Washington.
Trump suspendió temporalmente el ingreso de refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Siria, Irán, Libia, Irak, Somalia y Sudán, además de Yemen.
Entre los afectados figura una familia, en la que el padre, la madre y una hija son ya ciudadanos de Estados Unidos, y su otro hijo de tres años, que está aplicando a la visa, tiene el pasaporte confiscado en la embajada americana en Yibuti. También está el caso de una anciana que planificaba reunirse con su hijo y su familia, y de un niño, también de tres años, cuyos padres son residentes permanentes.
Goldberg dijo a la AFP que unos 214 clientes yemeníes afectados por la medida presidencial y que están varados en Yibuti, sin poder volver a su país en guerra.
A otras 1.000 personas, dijo, la mayoría oriundas de Yemen y Somalia, se les canceló su cita para obtener una visa y también se encontraban varadas. “Esta gente está escapando de la guerra. Tengo personas heridas, que no tienen el cuidado médico necesario, niños han muerto”, explicó telefónicamente la abogada, actualmente en Yibuti. “¿Cómo prohibir la entrada a un niño de tres años puede prevenir un acto terrorista en Estados Unidos? Necesito que alguien me lo explique”, añadió.
Asimismo, dijo que pese a que la Blanca aclaró que la medida no afecta a quienes tengan residencia permanente (Green card), las líneas aéreas los rechazan de todos modos porque las autoridades estadounidenses “les dicen que si estas personas no son admitidas, son responsables de llevarlos de vuelta” y hacerse cargo de los costos.
