El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad de un hombre acusado de hacerse pasar por embajador de la República de Liberia, concurrente en el Caribe, para presuntamente estafar a personas a las que ofrecía gestiones para ocupar posiciones consulares.
El magistrado José Alejandro Vargas ordenó la libertad de Rafael Enrique Martínez Taveras, tras imponerle impedimento de salida del país y presentación periódica por ante el Ministerio Público encargado de la investigación.
El juez tomó la decisión, tras rechazar una solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva presentada en contra del imputado por el Ministerio Público, a la cual se sumó el abogado de la parte querellante, doctor Tomás Castro.
A la salida del tribunal, el imputado bajo medida de seguridad, rehusó hablar de la acusación, momento en que era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se ejecute su libertad.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, el imputado bajo sus falsas cualidades de diplomático, estafó a varias personas a las que prometió realizar las diligencias necesarias para recibir nombramientos en cargos consulares de Liberia. A cambio, les cobraba decenas de miles de dólares.
Señala que una de las víctimas pagó la suma de US$50 mil por el cabildeo de un nombramiento como cónsul en Madrid, España.
Refiere que en allanamiento de la residencia del imputado se le ocuparon 11 pasaportes dominicanos, un pasaporte haitiano y símbolos patrios de la República de Liberia, tales como banderas y obras talladas con el nombre de ese país, elementos que se aportarán como pruebas para su sometimiento a la justicia. Además, documentos que serán analizados durante el proceso de investigación.
En la instancia, el Ministerio Público acusa al imputado de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en violación al artículo 2 de la Ley 137-03. También, usurpación de títulos o funciones, en violación al artículo 258 del Código Penal Dominicano, y estafa contra particulares, prevista en el artículo 405 del Código Penal Dominicano y en el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Propiedad en Violación
