El Juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas Guerrero, dejó en libertad al exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, quien deberá presentarse cada lunes ante el juez de la Instrucción, implicado en un supuesto soborno en la compra de los aviones Súper Tucano. Además el juez acogió la petición del Ministerio Público de declarar el caso complejo.
Asimismo, el magistrado Vargas dicto tres meses de prisión preventiva contra el coronel Carlos Piccini, cuya medida deberá cumplir en la cárcel de Najayo. Mientras que a Daniel Aquino Hernández y su hijo Daniel Aquino Méndez le impuso una medida consistente en la colocación de brazaletes eletrónicos e impedimento de salida.
Los aviones Súper Tucano fueron adquiridos por el Ministerio de Defensa con un poder del Ejecutivo, se aclaró en la audiencia celebrada este miércoles que comenzó a las Siete de la noche y finalizó pasada las 10:30 de la noche.
Los imputados Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; Carlos Ramón Piccini Núñez, mayor general piloto; Daniel Aquino Hernández y su hijo Daniel Aquino Méndez están señalados como partícipes en un supuesto soborno durante el proceso de aprobación del contrato de préstamo para la adquisición por parte del Gobierno de ocho aeronaves Súper Tucano que costaron al Gobierno dominicano 94 millones de dólares.
Están acusados de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, por asociación de malhechores; violación a la Ley448-06 artículo 2, sobre soborno en el comercio y la inversión; violación a los artículos 2 y 7 de la ley 82-79 sobre Declaración Jurada y Patrimonio.
Además, de violar la ley 72-02 sobre Lavado de Activos y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras infracciones graves. La directora del PEPCA estuvo presente en la audiencia para apoyar el trabajo de los fiscales y la petición del Ministerio Público, en torno al “peligro de fuga”, ya que según Guerrero Pelletier saben pilotar aviones.
La audiencia
El juez Alejandro Vargas permitió a los periodistas estar presentes en la última fase del conocimiento de la medida.
El Ministerio Público motivó la petición de medida de coerción basada en los artículos del Código Procesal Penal citados más arriba, luego presentaron elementos probatorios como inmuebles del imputado Pedro Peña Antonio como prueba del incremento de los bienes del exministro de Defensa durante el año 2008 y de los señores Daniel Aquino Hernández e hijo. Solicitaron la complejidad del caso por la cantidad de hechos punibles y de imputados, por lo que dicen está presente la pluralidad de los hechos.
Antonio C, abogado de Daniel Aquino Hernández, deploró la exposición del Ministerio Público, al tiempo de destacar que “esta noche usted como juez va a conocer atropellos indecibles”.
Afirmó que no hay elementos suficientes para declarar el caso complejo y que “Daniel Aquino nunca en su vida había pisado un tribunal”, que se le miente al tribunal “diciendo que Aquino recibiera 3 millones 400 mil dólares. Sobre los documentos de Brasil dijo el abogado Antonio Delgado que no posee certificación de nadie por lo tanto no tiene ningún valor, no firma, no sello oficial y eso no vale nada, las pruebas tienen que tener eficacia conviccional. Si usted señor juez aceptase se daría cuenta que en ninguno de esos elementos se mencionan el nombre de Daniel Aquino, en ninguna de las 15 piezas probatorias”.
Delgado dijo que “es abusivo enviar esta gente a la cárcel, pueden ser procesados en libertad porque sus presupuestos garantizan que estarán siempre a disposición de la justicia: los pasaportes, presupuestos patrimoniales, acto de declaración de su empresa, certificado de título inmueble adquirido hace más de 20 años , informe de tasación del valor de inmueble, vehículo Mercedes Benz, entre otros.
Manuel Fermín Cabral, abogado de Daniel Aquino Mendez, dijo que lo presentado al tribunal era un libelo. “Nos enteramos por Twitter que habían sido arrestado”, a pesar de solo ser llamado para un interrogatorio. “Ambos abogados solicitaron al juez Vargas rechazar la petición de medida de coerción contra los imputados y que ordene la libertad pura y simple o cualquier medida que no conlleve la privación de su libertad, o garantía económica o arresto domiciliario para el señor Daniel Aquino Hernández.
El abogado de Pedro Peña Antonio, exministro de Defensa, Cándido Simó, explicó que hace diez años que fue solicitada la colaboración internacional y que Ramón Antonio García, entonces ministro de Defensa, fue quien firmó la compra de las aeronaves.
“No puede imputarse al ex general que se cogió unos cuartos cuando fue el Estado a través de Vicente Bengoa, ministro de Hacienda en ese entonces, que se ordenó 18 millones más que la cifra inicial de 73 millones de dólares para la compra de los Tucano. Se trató de una competencia de empresas nada más”, reiteró.
