El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este martes la solicitud del Ministerio Público de cuatro meses de prórroga para presentar la acusación en contra de los imputados del caso Coral.
El magistrado Raymundo Mejía fijó el conocimiento de la audiencia para las 11:00 de la mañana.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución solicitaron la prórroga al tribunal para presentar la acusación en contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados involucrados en el caso.
El hizo la petición a través de una instancia fechada el día 4 de este mes de enero, dirigida al tribunal que preside el juez Raymundo Mejía, quien deberá decidir si acoge o no el pedimento del Ministerio Público.
La instancia fue depositada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, ante la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien remitirá la solicitud al tribunal control de las investigaciones.
En el documento se hace constar que se hizo la solicitud por diversas razones y que “a medida que esta investigación avanza, la situación de los procesados se ve cada vez más grave y compleja”.
En su petición el Ministerio Público dice que mantiene una investigación diligente y activa contra la red de corrupción de la que figuran además como imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El 10 de mayo del 2021, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante resolución impuso medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses en contra de los encartados, luego de haber declarado el caso complejo. Ordenó además arresto domiciliario con vigilancia en contra del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave de la acusación.
A los acusados se les imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
