SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez, fue apoderado de otra solicitud de medidas cautelares para la inmovilización de fondos e incautación de bienes al senador Félix Bautista, interpuesta por el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
La designación del magistrado fue hecha por el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, mediante auto No.91-2014.
Domínguez Brito elevó un requerimiento de pronto despacho por ante la SCJ, solicitando una orden judicial de medidas cautelares para la inmovilización de fondos, incautación de bienes inmuebles, aeronave, emisoras de radio y/o frecuencias. Asimismo, solicita radicar oposición a traspaso de bienes inmuebles, emisoras y/o frecuencias radiales, acciones o cuotas de compañías titulares de éstas.
Considera que más que urgente, es apremiante que sea conocida la autorización u orden judicial de medida cautelar, a los fines de que los fondos y bienes se mantengan inmovilizados al amparo de la justicia, estén disponibles, y no puedan ser distraídos, hasta tanto la autoridad jurisdiccional dicte decisión ordenando el decomiso o no de los mismos. Entiende que, a pesar de la gravedad de la acusación, cuyo conocimiento compete excepcionalmente a la SCJ, en razón del cargo de Bautista, “la presidencia de la Suprema Corte de Justicia no ha procedido a pronunciarse respecto a dicha solicitud”.
Expuso que la petición fue formulada el 27 de octubre. Precisa que el 22 de ese mes fue instrumentada formal acusación en contra de Bautista y otras personas. Considera que conforme a la investigación financiera de los supuestos ilícitos de corrupción y lavado de activos, se pudo comprobar que Bautista, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
El procurador
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que el país necesita vencer la cultura de la impunidad. Asimismo, cree que la nación debe unirse para tener claro que el patrimonio no es para nadie en particular. “Si los organismos no juegan su rol, indudablemente que se deteriora todo lo que es el estado de derecho, las instituciones pierden fuerza y la población pierde confianza en sus instituciones que están llamadas a protegerla”. Rechazó que la Procuraduría haya violado el debido proceso en las oposiciones en el caso.
