SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, difirió para la audiencia preliminar sobre el caso Odebrecht fijada para el próximo 7 de agosto, la discusión y solución de varios incidentes y excepciones presentados.
En la resolución 004-2018 dictada el pasado 3 de agosto, el magistrado cita que los asuntos diferidos para la audiencia preliminar son la instancia de solicitud de entrega de todas las pruebas depositadas de manera conjunta con la acusación por el Ministerio Público, depositada el 30 de julio, en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, por el acusado Jesús Antonio Vásquez Martínez.
Además, la solicitud de ampliación de plazo para depósito de escrito complementario de excepciones e incidentes, de defensa y pruebas, depositada el 31 de julio por el imputado Porfirio Andrés Bautista García.
Asimismo, el escrito de incidentes, solicitud de reposición de plazo y suspensión de audiencia preliminar, depositada el mismo día por el acusado Víctor José Díaz Rúa.
Otro asunto es la excepción de incompetencia, depositada también el 31 de julio por el acusado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno; las instancias de solicitud de entrega de pruebas no notificadas en la acusación de fecha 7 de junio del 2018 y copias certificadas de archivos provisionales contra coimputados en el caso Odebrecht, depositadas el pasado 1ro. de agosto por el acusado Ángel Rondón Rijo.
La audiencia preliminar está fijada para que comience a las 9 de la mañana. Además del empresario Rondón Rijo; de Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; del abogado Pittaluga Arzeno y de Vásquez Martínez, quien fue presidente del Senado, están citados el senador Tommy Galán Grullón; el expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista García, y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Juan Roberto Rodríguez Hernández.
Los imputados están acusados de participar en el entramado de sobornos que la multinacional brasileña Odebrecht admitió que pagó en la República Dominicana, entre 2001-2014, para agenciarse contratos públicos.
