JEFFERSON CIRY (AP).-Un juez federal impidió el lunes que el gobierno del presidente Joe Biden aplique el mandato de vacunación contra el COVID-19 a miles de trabajadores de la salud de 10 estados que habían presentado el primer recurso legal contra este requisito.
La orden judicial señala que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) no tienen una autoridad clara del Congreso para promulgar el mandato de vacunación a los proveedores que participan en los dos programas gubernamentales de atención médica para ancianos, discapacitados y personas de escasos recursos.
El juez federal de distrito Matthew Schelp, con sede en San Luis, emitió el interdicto, el cual es aplicable a una coalición de estados demandantes que incluye a Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Nueva Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming. También hay demandas similares pendientes en otros estados.
La norma federal exige la vacunación contra COVID-19 a más de 17 millones de trabajadores de todo el país en unos 76,000 centros de atención sanitaria y de proveedores de atención domiciliaria que reciben fondos de los programas de salud del gobierno.
El mandato requiere que los trabajadores reciban la primera dosis para el 6 de diciembre y la segunda para el 4 de enero.
La decisión judicial contra el requerimiento de vacunación se produce después de que la administración Biden sufriera un revés similar en relación con una política más extensa: Un tribunal federal suspendió anteriormente una norma que exigía a las empresas con más de 100 empleados que se aseguraran de que sus trabajadores se vacunaran o, de lo contrario, llevaran mascarillas y se sometieran a pruebas semanales para detectar el coronavirus.
El gobierno de Biden sostiene que las normas federales invalidan las políticas estatales que prohíben los mandatos de vacunación y que son esenciales para frenar la pandemia.
Pero el juez del caso de los proveedores de atención médica escribió que los funcionarios federales probablemente se excedieron en sus competencias legales.
“Los CMS pretenden sobrepasar un área de autoridad estatal tradicional al imponer una demanda sin precedentes para dictar federalmente las decisiones médicas privadas de millones de estadounidenses. Tal acción desafía las nociones tradicionales de federalismo”, escribió Schelp en su orden.
Incluso bajo una interpretación muy amplia de los poderes federales, “el Congreso no autorizó claramente a los CMS a promulgar este mandato política y económicamente vasto, que altera el federalismo y empuja los límites”, escribió Schelp.
