Un juez de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago aplazó para el miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra los cabecillas de una estructura que reclutó a mujeres para explotarlas sexualmente.
Durante la ejecución de la Operación Flor de Loto, la fiscalía rescató a 45 víctimas, 43 colombianas y dos venezolanas, en allanamientos ejecutados en varios residenciales del sector Gurabo, al norte de Santiago.
El juez José Rafael de Asís Burgos tomó la decisión de aplazamiento a pedido de los abogados de la defensa de los imputados para estudiar el expediente y presentar presupuestos y para que sean presentadas las víctimas.
Igualmente esperan que el Ministerio Público presente el poder que le dan las víctimas al Ministerio de la Mujer para proceder legalmente, contra Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, quienes viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas.
A la llegada de la audiencia, uno de los imputados se tapó el rostro con su camiseta.
Pese a la insistencia de los periodistas, se negaron a hablar sobre la acusación que le hace el ministerio público.
Además de costear procesos migratorios y de vivienda, al atar con esta deuda a las víctimas, debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para saldar la deuda.
Antes del conocimiento de la medida cautelar el ministerio público informó cómo logró irrumpir en las entrañas de la estructura y conocer su modus operandi, donde lograron rescatar a cuarenta y tres mujeres de nacionalidad colombiana y dos venezolanas, a quienes los tratantes y proxenetas mantenían cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.
