Al clamor de partidos y figuras públicas de que el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) debe renunciar tras el fracaso de las elecciones municipales, no se suma el embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez.
El político entiende que a pesar de los “errores y fallas”, ese organismo es el que debe organizar el nuevo proceso.
Pérez es miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que esta misma tarde acusó a la Junta de haber actuado mal durante el proceso y rechazó tajantemente su decisión de suspender los comicios.
“La JCE ha dado demostración de falta de responsabilidad y de falta de autoridad con esta decisión. Ahora, tiene la obligación de convocar nuevamente las elecciones a la mayor brevedad”, adujo Temístocles Montás, presidente interino de la organización durante una rueda de prensa.
Pérez, también miembro del Comité Político del partido de gobierno, en defensa de la JCE adujo, también, “que no hay tiempo para la improvisación” y “que no se pueden jugar con los plazos constitucionales”.
Pérez, ante la tensa situación que se está dando en el país, abogó por el diálogo entre los sectores y llegar a un consenso. El político hizo su planteamiento en su cuenta de Twitter @josetomasperezv.
“A pesar de los errores y fallas, esa JCE es la que debe dirigir el nuevo proceso. No hay tiempo para la improvisación. No se puede jugar con los plazos constituciones. Se impone el diálogo de todas las partes para sacar a flote este barco antes de que naufrague”, dice el post.
Horas antes de este mensaje, colocó otro en el cual se decantó por una investigación a lo ocurrido durante el proceso organizado por la JCE.
“Como declara el Comité Político del PLD, el proceso electoral ha sido víctima de un sabotaje, por lo que las investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias. El PLD, comprometido con la democracia, solicita convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de 30 días”, subrayó.
En otro, citó que ante la suspensión de los comicios, éstos debían ser convocados en un plazo de 30 días, como establecía la Ley.
