El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, que declara complejo el caso y que dispone la imposición de medidas de coerción contra involucrados en el caso Odebrecht.
Dijo además que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Rodríguez reiteró, tal y como lo anunció el día en que fueron arrestados los implicados, que en el expediente están todos los que fueron señalados por la empresa Odebrecht como las personas a las que sobornó con el fin de obtener contratos de obras del Estado.
Al mismo tiempo, agregó “esta es solo la primera fase de este proceso. El Ministerio Público seguirá cumpliendo con su rol y mandato constitucional de procurar justicia y que haya consecuencias ante la violación a las leyes”.
Al referirse a los abogados de la defensa, el procurador general dijo que “aunque en más de 10 ocasiones trataron de entorpecer la audiencia de medidas de coerción, tratando incluso de que el proceso fuera anulado o declarado inadmisible, el magistrado juez, les rechazó todos y cada uno de los incidentes que presentaron, encontrando que la actuación del Ministerio Público y la instrumentación del expediente han sido correctos”.
Destacó asimismo, que por eso en su alocución del pasado lunes, 29 de mayo, le pidió al país que no se dejara confundir, porque muchos iban a tratar de generar dudas y de querer restar credibilidad a las actuaciones del Ministerio Público.
El Ministerio Público le atribuye a los imputados haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, así como de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vige
