ROMA (EFE).- La Cámara de los Diputados de Italia aprobó este jueves la ley con la que el país quiere atajar la corrupción, el fraude contable y la asociación mafiosa, y que ha permanecido bloqueada en su tramitación parlamentaria durante los últimos dos años.
El texto, que ya fue secundado el pasado 1 de abril en el Senado, fue aprobado en la Cámara de los Diputados por 280 votos favorables, 53 contrarios y 11 abstenciones.
Minutos después de la aprobación, el ministro de Justicia italiano se apresuró a felicitar a su Gobierno en la red social de Twitter: “Los corruptos traicionan el país. La nueva ley #anticorrupción de hoy hace más fuerte a Italia. El Gobierno mantiene sus esfuerzos”, escribió.
Y añadió: “Con la nueva ley #anticorrupción la falsa contabilidad vuelve a ser un delito castigado con penas severas”.
La nueva ley, que no presenta modificaciones respecto al texto aprobado en el Senado, busca combatir la proliferación de fondos negros o dobles contabilidades cuyos capitales puedan ser empleados para otras prácticas delictivas, como los sobornos o el crimen organizado.
En este sentido, establece un aumento de las condenas por este tipo de delito que va en función de si la compañía está dividida o no en acciones.
Para aquellas que no cotizan, las penas por el delito de fraude contable van de uno a cinco años de prisión, mientras que para las que sí están divididas en acciones la condena oscilaría entre un mínimo de tres a un máximo de ocho años.
Además, para las pequeñas empresas los castigos podrían variar desde los 6 meses hasta los 3 años.
Por otro lado, también se endurecen las sanciones por corrupción en el ámbito de la Administración Pública.
De esta manera, si un miembro de la Administración ha sido declarado culpable de un caso de corrupción y quiere pactar la pena o aspira a la condicional tendrá primero que restituir íntegramente la cantidad robada.
Aumentan también las penas por asociación mafiosa.
Para quienes formen parte de una organización criminal integrada por tres o más personas se prevé una condena de reclusión de entre 10 y 15 años (hoy es de 7 a 12).
Los castigos aumentan igualmente para quienes promuevan, organicen o dirijan la asociación: de 12 a 18 años (hoy de 9 a 14).
Finalmente, concede mayores poderes a la Autoridad Nacional Anticorrupción (Anac), que dirige el magistrado Raffaele Cantone.
Esta entidad deberá estar al corriente de todos los procesos judiciales que los fiscales del país decidan comenzar por delitos contra la administración, y además podrá intervenir en la licitación de obras públicas.
El proyecto de ley fue redactado en marzo de 2013 por el actual presidente de la Cámara Alta, Piero Grasso, y desde entonces ha permanecido bloqueado, durante 26 meses, en intensos y acalorados debates parlamentarios. EFE
