Dublín (Irlanda).- Los centros de votación en la República de Irlanda abrieron este viernes sus puertas a las 06.00 horas GMT para que su electorado, de unos tres millones de personas, decida en referéndum sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Durante 15 horas, hasta las 21.00 GMT, los irlandeses podrán ejercer su derecho al voto en un plebiscito que, en caso de victoria del “sí”, convertirá a este país, aún mayoritariamente católico, en el primero que aprueba el matrimonio homosexual por voluntad popular.
En otro referéndum que también se celebra hoy, el electorado deberá decidir si se rebaja desde los 35 hasta los 21 años la edad mínima para ser presidente de la República, un cargo principalmente representativo.
En esta ocasión, la cadena pública RTE ha decidido no efectuar sondeos a pie de urna, por lo que habrá que esperar al día siguiente para conocer los primeros resultados.
El recuento de los sufragios de la consulta sobre el matrimonio homosexual comenzará el sábado a las 08.00 horas GMT y las primeras estimaciones sobre qué bando ha ganado podrían llegar a mediodía, si bien el resultado final está previsto que se anuncie entre las 15.00 y las 17.00 horas de ese día.
Las encuestas otorgan una cómoda ventaja a los defensores del matrimonio entre parejas del mismo sexo, aunque sus detractores han ganado terreno en las últimas semanas y aún hay un significativo porcentaje de indecisos.
En la papeleta de votación, el electorado deberá contestar con un “sí” o un “no” a la propuesta del Gobierno irlandés, de coalición entre conservadores y laboristas, sobre si el “matrimonio puede ser contraído de acuerdo con la ley por dos personas sin distinción de su sexo”.
Esa es la frase que el Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas nacionales, quiere añadir al artículo 41 de la Carta Magna para proteger constitucionalmente los derechos de la parejas del mismo sexo y equipararlos a los de los matrimonios convencionales.
Por contra, los detractores, entre los que figuran grupos antiabortistas, ultraconservadores y la Iglesia católica, sostienen que estas uniones atentan contra los valores de la familia tradicional y que modificarán radicalmente los procesos de adopción y de maternidad subrogada, al tiempo que erosionarán los derechos del menor.
