La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, solicitó a los responsables del sistema penitenciario determinar la forma en que fueron introducidas las armas de fuego al interior del centro penal de La Victoria.
En una comunicación de la Procuraduría General, se indica que Germán Brito ha sostenido reuniones de trabajo con las autoridades a cargo de los centros penales para investigar el acontecimiento del cual resultaron muertos tres privados de libertad y diez heridos en La Victoria
“La magistrada Germán Brito, que da seguimiento de cerca a este hecho, nos reiteró su instrucción para que una investigación determine, de manera oportuna, la forma en que los internos de La Victoria pudieron acceder a las armas de fuego”, explicó el responsable de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, según un comunicado.
Sobre ese particular, Hernández Basilio dijo la magistrada hizo énfasis en las problemáticas que acumulan los recintos carcelarios que “durante décadas requieren de la voluntad de toda la sociedad dominicana, así como de recursos”.
El titular de la DGSPC comunicó a la procuradora general que un privado de libertad que asumió la mayor responsabilidad en la trifulca será trasladado a otro centro, al tiempo que continúan las pesquisas sobre el hecho violento que comprometió la integridad de los internos y de los custodias.
Implicados y medidas
El Ministerio Público recordó que cinco de los heridos recibieron impactos de bala, igual que los tres fallecidos. Nueve de los afectados fueron dados de alta desde los tres hospitales que los atendieron y uno continúa en observación, todos en condición estable.
Luego de ocurridos los hechos, las autoridades penitenciarias, acompañadas de tres fiscales y miembros de la Policía, realizaron requisas simultáneas en las celdas 1 y 2, así como 3 y 4, y ocuparon 23 teléfonos celulares, tres routers para internet y 85 armas blancas de fabricación carcelaria e industrial, así como un total de 119,000 pesos y 21 dólares a seis de los internos del área.
“Debemos reconocer que estos males en La Victoria tienen mucho que ver con un sistema que históricamente ha tenido deficiencias estructurales y estamos hablando de un recinto que ahora tiene una población de más de 7,000 privados de libertad”, dijo Hernández Basilio.
“Hace un tiempo el Estado inició la construcción de un recinto en Las Parras, en el municipio Guerra, de la provincia Santo Domingo, pero ese proyecto, como todos sabemos, forma parte de un expediente del Ministerio Público y está en proceso de una auditoría por la Cámara de Cuentas”, añadió.
Adelantó que la Procuraduría General de la República ha dispuesto una serie de medidas para aplicación inmediata que buscan adecentar el sistema penitenciario.
