La investigación judicial que marca al segundo Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff sobre la corrupción en Petrobras cumple hoy un año, con 50 políticos investigados, exdirectivos de la petrolera estatal y de empresas constructoras presos y un clima de protestas populares.
La operación “Lava Jato”, la mayor investigación de corrupción y lavado de dinero de la historia de Brasil, desenmascaró hace un año la compleja red delictiva instaurada en la petrolera de la que formaban parte empresas de la construcción, directivos y políticos.
Según la acusación, las empresas privadas involucradas obtenían contratos amañados con Petrobras, cuyos precios eran inflados, y el excedente era repartido entre todos los miembros de la red de corrupción y los políticos que amparaban esas maniobras ilegales.
El caso marcó la agenda política durante las elecciones de 2014, en las cuales Rousseff fue reelegida por un margen de 3,28 % frente al senador opositor Aécio Neves, y se ha convertido en el principal nudo de la discusión política en el segundo mandato iniciado el pasado 1 de enero.
La corrupción en Petrobras ha golpeado fuertemente la popularidad de la mandataria, que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2011, y también fue el principal motivo de las protestas del domingo, de acuerdo a una encuesta del diario Folha de Sao Paulo.
Dos millones de personas, en una veintena de ciudades de Brasil, protestaron contra la gestión de Rousseff, pero sobre todo arrastradas por las escandalosas revelaciones de los sobornos y sobre-facturación en la empresa petrolera que es uno de los símbolos del país.
Frente a las manifestaciones, donde existen grupos que reclaman la destitución de Rousseff, la presidenta prometió el lunes un paquete de medidas para enfrentar con mayor rigor la corrupción, pero insistió que su Gobierno ha sido el que más cerco ha puesto a este delito.
Desde el comienzo de la operación “Lava Jato” (Lavado a chorro), el 17 de marzo de 2014, la Fiscalía brasileña ha interpuesto 20 denuncias contra 103 personas, entre ellas el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, acusado de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.
