La orden emitida por un juez para realizar la intervención en las tres clínicas del grupo Integral, a petición del ministerio público, estuvo sustentada en la sospecha de violación a los artículos de las leyes sobre Regulación de ”rganos, Lavado de Activos y Trata de Personas, según la orden judicial difundida ayer por el canal NCDN.
La copia del documento que también posee LISTÍN DIARIO indica que el allanamiento a los centros de la zona oriental se produce igualmente por el ultraje a la Ley General de la Salud y el Código del Menor.
El pasado miércoles fueron intervenidas las tres clínicas pertenecientes al Centro Médico Integral, ubicadas en Villa Duarte, Carretera Mella y Sabana Larga, con relación al caso de la niña Carla Massiel Cabrera, quien desapareció el 25 de junio de 2015, en la comunidad Los García, ubicada en Pedro Brand.
La orden judicial especifica que tiene como finalidad la búsqueda de documentos, medicamentos, objetos o instrumentos; así como cualquier evidencia que se recolecte en el establecimiento por presuntamente violar los artículos 265, 266, 59, 60, 295 y 296 de la Ley 72-02 del Código Penal Dominicano. Asimismo, la violación a los artículos 1, 3 y 7 de la Ley 137-03.
El documento también resalta que la parte investigada aparentemente ha violado los artículos 9, 10, 11, 20, 21, 22, 110 y 405 de la Ley 329-98 de Regulación de ”rganos; la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 136-03, en perjuicio “de la menor de edad C.M.C.P (siglas que coinciden con el nombre de Carla Massiel Cabrera Pérez) y del Estado dominicano”.
Presuntas violaciones
La Ley 329-98 regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para transplantes de órganos y tejidos humanos.
En ese mismo orden, la Ley 72-02 combate el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, entre otras infracciones graves.
Mientras que la Ley 137-03 condena la Trata de Personas desde la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza, rapto, engaño, abuso de poder o a la concesión de pagos y beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación sexual, pornografía, servidumbre por deudas, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o a la extracción de órganos.
De igual manera, la Ley 42-01 tiene como objetivo regular las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población.
Por último, la Ley 136-03, conocido como Código del Menor, tiene como finalidad garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales.
Ordenan reapertura
La Procuraduría General de la República dejó ayer sin efecto el cierre de los tres centros médicos del Grupo Integral en Santo Domingo Este, que fueron clausurados el pasado miércoles por la Fiscalía de la provincia Santo Domingo como parte de las investigaciones que realiza sobre la desaparición de la niña Carla Massiel Cabrera el año pasado.
La Procuraduría anunció la medida a través de su cuenta de twitter, en la cual informó que ya culminaron las investigaciones que realiza el ministerio público a través de la Fiscalía de Santo Domingo a varias instalaciones del Grupo de Clínica Integral.
Familiares de pacientes y el personal de esos centros de salud protestaron contra los allanamientos que está realizando el ministerio público, dentro del marco de las investigaciones del caso de Carla Massiel Cabrera.
ACUSADO COLABORA CON AUTORIDADES EN EL CASO
Dawin José Trinidad Infante, señalado como responsable de la desaparición de la niña Carla Massiel Cabrera Reyes, de 10 años, aseguró que el caso sí tiene vinculación con el tráfico de órganos.
“Yo lo que quiero decir es que esas instituciones que están investigando a ver si el caso fue de órganos, yo estoy seguro un 100% de que fue así, lo que pasa es que ellos lo van a tratar de descartar porque hay millones y millones en riesgo”, aseguró Trinidad Infante, quien se encuentra recluido en la cárcel La Victoria.
Señaló, asimismo, que teme por su vida, porque “hay gente poderosa detrás de esto”. El recluso afirmó que está colaborando con el Ministerio Público y con la fiscal Olga Diná Llaverías.
