La denuncia de campañas sucias en contra de personalidades que expresaban su inconformidad con la gestión del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, incluyendo la periodista Edith Febles, llevó a dos instituciones a pedirle una investigación en esa ocasión a la entonces Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante.
Según la acusación depositada en el caso Medusa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), solicitaron a la Defensora del Pueblo de ese momento, Zoila Martínez Guante, realizar una investigación al Procurador General, al acusado Alain Rodríguez, de operar una oficina encubierta.
Según la denuncia desde esa oficina se fabricaba y divulgar noticias falsas y campañas sucias en contra de personalidades que expresaban su inconformidad con su gestión y que la misma estaba siendo financiada con fondos públicos.
Además, que en la oficina utilizaba cuentas con identidades falsas, y que desde allí se orquestó y se lanzaron las “Campañas sucias contra la periodista Edith Febles”.
Señala que el 09 de abril de 2019, esta periodista a través de su plataforma de YouTube y en su programa: “Edith Febles La Cosa Como Es”, desveló al país en un segmento titulado: “El periodismo en tiempos de manipulación” que el entonces Procurador Alain Rodríguez, tenía una oficina en la Plaza Fernández.
Como resultado de la filtración de la existencia de la “oficina encubierta” de la Procuraduría, el ciudadano Rafael Stefano Canó Sacco le ordenó a Patricia Nathalie Elmudesi García desarticular esta oficina de ese local, pero fue traslada la estructura al local en La Plaza el Progreso.
Sostiene la acusación del ministerio público las acciones criminales anteriormente descritas, evidencian la actitud de irrespeto a la libertad de expresión y al patrimonio público del acusado Alain Rodríguez.
Aduce la acusación que queda evidenciado que el objetivo fundamental del ex procurador era socavar la opinión de quienes osaban en denunciar su accionar criminal, tal cual ocurrió con los líderes de opinión e influencer Altagracia Salazar, Marino Zapete, Patricia Solano, Sergio Carlos, Lucienne Carlos, Somos Pueblo, Huchi Lora, Laura Díaz, Daury Santana, Ricardo Nieves, Juan Bolívar Díaz, Ricardo Ripoll, @samy_cho contra quienes utilizó los recursos del Ministerio Público, procurando dañar su reputación en los entornos digitales, llegando incluso a lacerar sus reputaciones, tanto laboral y profesional.
