El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, denunció hoy que un ingeniero de Santiago que recibió 24 millones para la construcción de una escuela utilizó el dinero para construir un edificio de apartamentos de su propiedad.
En tal sentido, advirtió que ese profesional de la construcción, a quien no identificó, y otros 19 ingenieros serán sometidos a la justicia en los próximos días por recibir recursos públicos y no cumplir con los trabajos de edificaciones escolares.
“Me dicen que ese ingeniero invirtió esos 24 millones en un edificio de apartamentos que estaba construyendo conjuntamente con la escuela, entonces él tendrá que responder en los tribunales”, expuso Peña Mirabal.
Explicó que esa persona tenía asignada la construcción de un liceo, pero que la obra fue abandonada por éste.
Peña Mirabal expresó que se trabaja en la documentación correspondiente para entregársela al Ministerio Público y que procede con el sometimiento judicial contra estas personas.
Acusó a esos profesionales de tratar de engañar al Estado, luego de ser favorecidos con los concursos de construcción de planteles a través del Plan Nacional de Edificaciones Escolares.
“Esos ingenieros tienen dinero del Estado, avanzaron las obras, se les pagaron cubicaciones y el total pagado no está reflejado en obras realizadas”, subrayó el ministro de Educación al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo.
Peña Mirabal negó que la paralización de construcción de escuelas en algunos casos se deba a falta de pago, ya que cuando llegó a esa cartera la deuda con los ingenieros era de más de RD$3,000 millones y que hoy es inferior a los RD$500 millones.
Mejor renuncia
Peña Mirabal también fue cuestionado sobre la controversia generada por la orden departamental 33-2019 que prioriza el diseño e implementación de política de género en el Ministerio de Educación. Al respecto el funcionario advirtió que la misma para él es irreversible y que la única manera de renunciar a esa creencia es si el presidente Danilo Medina lo sustituye del cargo.
Tras defender la iniciativa indicó que cuando se Educación aprobó dicha orden se acogió a un mandato constitucional, específicamente su artículo 39, cuando habla sobre que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.
