La auditoría sobre la gestión del Fondo Petrocaribe en Haití emitió un tercer informe que pone de manifiesto “importantes irregularidades” en su manejo por parte de varios Gobiernos, anomalías que causaron “daños al proyecto y a la comunidad”.
El texto, resultado del examen que lleva a cabo el Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo (CSC-CA), pone de manifiesto “deficiencias significativas en la ejecución de los proyectos” financiados con los recursos de Petrocaribe, programa por el cual Venezuela suministraba petróleo al país caribeño a precios blandos y con facilidades de pagos en virtud de un acuerdo suscrito en 2016.
En concreto, en su más de mil páginas el documento habla de malversación de fondos, falta de trazabilidad de documentos y de atribución de proyectos sin respecto a las normas, entre las principales revelaciones.
En el informe también se menciona ausencia de convocatorias de licitación en la adjudicación de contratos, incumplimiento de etapas clave para la buena gestión de los proyectos, adjudicación de contratos de mutuo acuerdo, favoritismo y uso de información privilegiada en la asignación de contratos, pago de facturas injustificadas, falsificación de documentos justificativos o ausencia de los mismos.
Las conclusiones del informe vienen a confirmar las revelaciones plasmadas en dos informes anteriores publicados en enero y mayo de 2019 sobre la malversación de al menos 2.000 millones de dólares, la mitad de los recursos generados por el programa durante un periodo de ocho años, por parte de diversas administraciones.
Al final de este tercer informe, el CSC-CA auditó proyectos financiados hasta el 92,1% del importe total de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Ministros para el período comprendido entre septiembre de 2008 y septiembre de 2016.
El Tribunal Superior de Cuentas recomienda a las instituciones públicas auditadas que se realicen “investigaciones internas para determinar la posibilidad de recuperar las sumas de las empresas y los administradores de fondos públicos, especialmente en el caso de irregularidades que hayan causado daños a la comunidad”.
También aconseja al Parlamento haitiano que establezca mecanismos para la recuperación del dinero mal utilizado con el fin de permitir al país reducir eventualmente su deuda con Venezuela.
“A largo plazo, revisar el marco de la ética y la deontología de los funcionarios elegidos y los servidores públicos a fin de promover una mayor transparencia en la gestión de los fondos públicos”, es otra de las recomendaciones que incluye el informe.
En la dilapidación de los fondos Petrocaribe participaron casi todas las instituciones del Estado: el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, la Autoridad de Electricidad de Haití, la Dirección de Protección Civil, entre otros.
Este escándalo de corrupción ha desatado diversas protestas violentas desde 2018 en Haití, contribuyendo a alimentar la crisis sociopolítica que sufre en el país más pobre de América Latina.
