SANTO DOMINGO. La Cámara de Cuentas entregó a la Procuraduría General de la República el informe de la investigación especial practicada por esa institución a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), para el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, durante la gestión de Manuel Antonio Rivas como director, quien actualmente guarda prisión acusado de participar del asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez.
Dicho documento indica que la Omsa realizó pagos por las adquisiciones de bienes y servicios por el monto de tres mil cuatrocientos treinta y ocho millones quinientos dos mil cuarenta y nueve pesos RD$3,438,502,149, los cuales fueron verificados y aprobados por la Unidad de Autoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República, durante el período indicado anteriormente.
El informe precisa que los desembolsos presentan desviaciones a las normativas emitidas en la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y, sus modificaciones de la Ley 449-06, del 6 de diciembre de 2016, y el Decreto 543-12, del 15 de septiembre de 2012, que establece el Reglamento de Aplicación de la misma.
Según indica el escrito, el monto de las desviaciones a las normativas aplicables asciende a dos mil seiscientos cincuenta y cuatro millones setecientos veinte y siete mil ochocientos diez y siete pesos, RD$2,654,727,817. Detalles de las desviaciones en el gráfico.
El Informe de la Auditoria indica que se evidencian debilidades en el ejercicio de las actividades de control. Dice que las operaciones realizadas se caracterizan por la violación e inobservancia de las disposiciones legales de cumplimiento obligatorio para la administración de los recursos públicos.
‘’El informe de investigación especial practicada a la Omsa, por el período comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, evidencia debilidades importantes en la operatividad de la gestión contable-financiera y del control interno, las cuales se manifiestan en omisiones e incumplimientos de procesos y procedimientos sustanciales”, indica el documento.
Indica que dichas debilidades han causado graves perjuicios económicos al patrimonio del Estado y a la entidad intervenida. Dice que los principales funcionarios de la Omsa no observaron como corresponde las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos.
