Indonesia ejecutó hoy a ocho reos condenados por narcotráfico, incluido el brasileño Rodrigo Gularte, y salvó del pelotón de fusilamiento a una presa filipina en el último momento.
Los reos fueron ajusticiados de madrugada, hora indonesia, en la isla de Nusakambangan tras despedirse de sus familiares y expirar las 72 horas de plazo desde que la Fiscalía ordenara el sábado pasado que se aplicaran sus sentencias de muerte, informó el diario “The Jakarta Post”.
En el último momento, las autoridades evitaron el fusilamiento de la filipina Mary Jane Veloso, también sentenciada a la pena capital, horas después de que la mujer que la contrató para transportar droga se entregara a la Policía en Filipinas.
Un décimo recluso, el francés Serge Atlaoui, no recibió la notificación de ejecución el sábado porque está pendiente de un recurso de apelación.
La familia y el Gobierno brasileño habían alegado que Gularte padecía esquizofrenia, por lo que según las leyes indonesias no podía ser ejecutado, pero las autoridades decidieron aplicar de todas formas la pena capital.
El brasileño fue arrestado en 2004 por llevar seis kilogramos de cocaína en varias tablas de surf.
Los abogados de Gularte indicaron que durante el juicio el anterior equipo encargado de su defensa no supo demostrar los problemas de esquizofrenia y bipolaridad que padecía.
“La primera vez que le diagnosticaron con depresión y desorden bipolar tenía 16 años, pero nunca ha aceptado tratamiento ni medicarse”, indicó su prima Angelita Muxfeldt, en una entrevista reciente con el canal de televisión Al Yazira.
Según la familiar, el brasileño escuchaba voces que le decían que iba a ser extraditado, por lo que creía que no podía morir.
Junto con Gularte, fueron ajusticiados los australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran, el ghanés Martin Anderson, el indonesio Zainal Abidin y los nigerianos Raheem Agbaje, Silvester Obiekwe Nwaolise y Okwudili Oyatanze.
Las ejecuciones tuvieron lugar en la prisión de Nusakambangan, situada en el sur de Java, a unos 830 kilómetros al sureste de Yakarta.
La ley 2/1964 establece que el procedimiento de las ejecuciones se lleve a cabo a puerta cerrada, bajo la supervisión de un miembro de la fiscalía y con la presencia, si se requiere, del abogado de la defensa.
De los 12 policías del pelotón, sólo tres emplean munición real y los demás tienen balas de fogueo, aunque ninguno sabe qué clase de munición ha recibido.
Los fusileros se sitúan a entre cinco y diez metros de distancia del reo, quien va vestido de blanco y con una diana dibujada en el pecho y decide si quiere permanecer de pie, sentado o de rodillas, así como que le venden los ojos o no.
Cuando el oficial al cargo baja la espada, el pelotón dispara contra el prisionero y si después de que el médico compruebe su estado aún sigue vivo, el comandante ordena un tiro de gracia en la cabeza.
El Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, calificó el pasado lunes de “inaceptable” la ejecución de Gularte debido a su estado mental.
Australia y Brasil anunciaron que habría consecuencias debido a las ejecuciones, tras las fallidas llamadas de clemencia a las que se unieron Filipinas, la Unión Europea y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
El Gobierno indonesio del presidente Joko Widodo rechazó todas las peticiones de clemencia, pidió que se respeten sus leyes y defendió el uso de la pena capital como medida disuasoria en la lucha contra el tráfico de drogas.
Los casos más notorios eran los de Chan y Sukumaran, que fueron condenados a muerte en 2006 como líderes de una banda de narcotraficantes llamada “Los 9 de Bali”, que intentó introducir en 2005 ocho kilos de heroína desde la isla indonesia de Bali en Australia.
Según Joko, las adicciones son una “emergencia nacional” en la que mueren diariamente entre 40 y 50 jóvenes indonesios, aunque los estudios citados por el presidente han sido criticados por ambiguos y poco fiables.
Las autoridades indonesias sí evitaron “in extremis” la ejecución de la filipina Mary Jane Veloso, madre soltera de dos niños, que fue juzgada sin disponer de traductor y a la que sus defensores consideran víctima del tráfico de personas.
El pasado enero, Indonesia fusiló a otros seis prisioneros, incluido el brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, lo que causó una crisis diplomática en la que intervino la presidenta brasileña.
Rousseff llamó en consultas al embajador brasileño, que aún no ha vuelto a Indonesia, y en febrero rehusó recibir las cartas credenciales del nuevo representante diplomático del país asiático en Brasil.
Indonesia, que reanudó las ejecuciones en 2013 después de cinco años de tregua, tiene más de un centenar de prisioneros en el corredor de la muerte por narcotráfico, terrorismo y otros delitos.
