SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres acusados de violar a dos menores de 11 y 15 años, en hechos separados ocurridos en el Distrito Nacional.
El juez Vargas dictó la medida de coerción contra Darklin Vladimir Villanueva Fernández, imputado de violación sexual contra una menor de 11 años de edad. El imputado deberá cumplir la medida en la cárcel de La Victoria.
La solicitud de medida fue presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional, en cuyo expediente narra que el suceso ocurrió en el sector Arroyo Hondo, en enero pasado, cuando la víctima, cuyo nombre se omite para proteger su identidad, fue a la casa del imputado, quien es hermano de una compañera de estudios de la menor.
La procuradora fiscal investigadora Miladys De Jesús Tejada manifestó que el imputado Villanueva Fernández aprovechó esa situación para decirle a la niña que estaba enamorado de ella, luego la llevó hasta su habitación, le quitó la ropa y sostuvo relaciones sexuales con ella.
Otro caso
En otro hecho, el magistrado Vargas envió al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres para cumplir la medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva a César Augusto Cruz, imputado por la Fiscalía de cometer violación sexual en perjuicio de una adolescente de 15 años de edad.
“El imputado César Augusto Cruz llevó a la víctima hasta la casa de él y la obligó a sostener relaciones sexuales. Otro día, el hombre logró que la adolescente entrara a su casa, y una vez allí la llevó hasta la habitación para abusar sexualmente de ella y luego la hizo tomar una pastilla anticonceptiva”, indicó la procuradora fiscal investigadora del caso Yonori Suero de la Cruz.
Producto de estos hechos, la víctima presenta síntomas de ansiedad tales como sentirse nerviosa, preocupada, dificultad para relajarse y conciliar el sueño, dolores de cabeza, además de depresión.
Ambos casos fueron denunciados respectivamente por las madres de las menores de edad, y han sido calificados jurídicamente por el Ministerio Público como violación al artículo 331 del Código Penal Dominicano, así como también a la Ley 136-03 sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
