La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) consideró “urgente” el adecentamiento del ejercicio político en el país y pidió al Congreso Nacional que apruebe cuando antes la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.
Reclamó poner fin al clientelismo y se oriente esta actividad hacia su objetivo fundamental de búsqueda del bien común, el desarrollo integral y la construcción de la paz social.
En su tradicional mensaje con motivo del 27 de Febrero, día de la Independencia Nacional, este año con el título “El valor de la vida política”, los obispos lamentan la falta de un proyecto de nación consensuado por todos los partidos y las fuerzas vivas de la nación, que priorice aquellos elementos que contribuyan mejor al progreso y el bienestar social.
Dicen que hay que retomar el diálogo nacional, sistematizar la educación cívica y política en las escuelas y universidades, y que se separen realmente las funciones de los poderes del Estado.
Tras hacer un recuento histórico del quehacer político, desde los tiempos de Platón hasta hoy, los prelados afirman que promover el bien común y el interés general está por encima del interés particular (individualismo), y que en ese sentido todos deben hacer un esfuerzo por vivir y colaborar con el orden, el trabajo y el ahorro.
“Los jóvenes que inviertan tiempo en su formación y los padres que no escatimen esfuerzo por dotar a sus hijos de la mejor herencia, que es su capacitación moral y profesional”, aconsejan.
Exhortaron a los fieles católicos y a “los hombres y mujeres de buena voluntad” a formarse y a participar activamente en la vida política, en la vida cívica y comunitaria, de manera honesta y transparente.
“Hacerse presente en toda la dinámica social hasta que a cada ciudadano se le dote de educación, salud, energía eléctrica, agua potable, vía de comunicación, vivienda digna, fuente de trabajo y seguridad ciudadana”, expresa el documento.
Los obispos entienden que los que dirigen el país, a través de la actividad política, tienen la obligación de combatir cualquier acto de corrupción, delincuencia e inseguridad, trabajar junto al país para cambiar la cultura permisiva y del espectáculo, por una cultura de vida con sentido ético, donde cada quien se responsabilice de su vocación o profesión.
“Comenzando con los padres de familia, los maestros y maestras, los funcionarios públicos que, basados en la fraternidad, deben servir al bien común y manejar con ética y pulcritud los bienes públicos en procura del desarrollo y la paz social”.
