MADRID (Reuters) – Miles de jueces y fiscales españoles estaban llamados a la huelga el miércoles en protesta por las diversas reformas judiciales emprendidas por el Gobierno.
La imposición de tasas judiciales, la externalización del Registro Civil y las modificaciones en el sistema de gobierno de los jueces son algunos de los aspectos más polémicos de las iniciativas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
“Es (un) ataque frontal a los derechos de los ciudadanos”, afirmó el miércoles Luciano López, trabajador de Justicia de 53 años que se manifestaba ante el Tribunal Supremo con un centenar de compañeros.
“La subida de las tasas judiciales (…) elimina el derecho a la tutela judicial efectiva. Sólo podrán acudir a la justicia los que tienen dinero. Los que no, pan y agua”, agregó.
Varias asociaciones de jueces y fiscales -entre las que no se encuentra la principal organización de jueces, de cariz conservador- convocaron a principios de mes la huelga en un extenso comunicado que criticaba duramente las medidas del Gobierno, al que acusan de “suprimir de facto la independencia judicial”.
Gallardón ha defendido que las reformas son necesarias para modernizar y agilizar la justicia, y que los cambos en el órgano de gobierno de los jueces aumentan la pluralidad en el organismo al restar influencia a las asociaciones, a menudo vinculadas a tendencias políticas concretas.
Las diferentes reformas contemplan entre otras cosas la imposición de tasas judiciales por emprender procesos judiciales antes gratuitos. El Ministerio de Justicia aceptó la semana pasada las recomendaciones de la Defensora del Pueblo para rebajar estas tarifas, sin concretar por ahora cuáles o en qué medida se verían reducidas.
La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, que no se sumaron a la convocatoria de huelga, han expresado en sendos comunicados sus simpatías con buena parte de las reivindicaciones de sus compañeros y su oposición a la reforma del órgano de gobierno de la magistratura, el Consejo General del Poder Judicial.
TASAS Y REGISTRO CIVIL
El personal administrativo y de gestión no estaba convocado a la huelga de jueces y fiscales, sino a una hora de paros y protestas a media mañana.
Los funcionarios reunidos el miércoles ante el Supremo mencionaban entre sus motivos de protesta la introducción de tasas judiciales, la modificación del registro civil -cuya gestión se externaliza y que empezará a cobrar algunos trámites- y los cambios en las condiciones para los funcionarios de Justicia en procesos legales.
“Están privatizando el Registro (Civil), todos los servicios de la Justicia, igual que en la Sanidad se está viendo claramente que lo están haciendo de una manera descarada, en la Justicia lo están haciendo encubierto”, afirmó Conchi, de 48 años, funcionaria de Justicia y que prefirió no dar su apellido, en alusión al plan de algunas comunidades autónomas, como Madrid, que proponen privatizar la gestión de hospitales y centros médicos.
En su comunicado, los jueces y fiscales huelguistas se oponían a la modificación propuesta en el CGPJ, así como a una reforma del Código Penal que tildan de “improvisada” y a los cambios en el presupuesto de Justicia.
Al igual que otros gobiernos europeos, el ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy ha emprendido una serie de medidas de austeridad con vistas a reducir el déficit público hasta los objetivos pactados con la Unión Europea.
Estas medidas, junto con el rampante desempleo -que afecta a uno de cada cuatro trabajadores- han provocado un creciente descontento entre una población muy apegada a servicios públicos como la Sanidad.
Así, la protesta de los jueces sigue a las registradas la semana pasada por activistas antidesahucios – que piden la reforma de la ley hipotecaria de acuerdo con una iniciativa legislativa popular – y de Sanidad, que reunió a personal sanitario y simpatizantes para protestar contra los recortes y cambios de modelo en este área.
