DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Pocos días después de sufrir graves lesiones en un accidente vial, Jacinto Cruz y José Rodríguez Saldana yacían inconscientes en un hospital de Iowa, mientras el sistema de salud estadounidense decidía qué hacer con estos dos inmigrantes mexicanos.
Los hombres tenían su seguro médico por medio de sus empleos en una empacadora de carne. Pero ninguno tenía autorización para estar en Estados Unidos y no quedaba del todo claro si el seguro les pagaría la rehabilitación.
El Centro Médico Metodista de Iowa en Des Moines decidió entonces actuar por su propia cuenta: Tras consultar con las familias de los pacientes, discretamente trasladó a los mexicanos, ambos en estado de coma, a un avión privado que los llevó a México, en efecto, deportándolos sin consultar con autoridad judicial ni ejecutiva alguna.
Cuando los pacientes se despertaron, estaban a más de 2.900 kilómetros (1.800 millas) de distancia, en un hospital de Veracruz, en la costa de Golfo de México.
Cientos de inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos han vivido experiencias similares, a manos de un sistema de remoción de personas que no depende de un gobierno federal, sino de un sistema de hospitales que tratan de reducir gastos.
Un reporte reciente, realizado por grupos de defensa de inmigrantes, intentó dar con la cifra exacta de cuántos inmigrantes son enviados de regreso a sus países, y llegó a la conclusión de que por lo menos 600 fueron expulsados en un periodo de cinco años, aunque se estima que son más.
En entrevistas con inmigrantes, sus familiares, abogados y activistas, la AP estudió lo que se describe oficialmente como “repatriaciones médicas”, un proceso en el que los hospitales pueden colocar a pacientes en vuelos fletados, aun cuando están inconscientes. Los hospitales por lo general pagan el costo de los vuelos.
“El problema es que todo está ocurriendo en una especie de hoyo negro jurídico, no hay registro de nada”, dijo la profesora de derecho Lori Nessel, directora del Centro para la Justicia Social de la Escuela de Derecho Seton Hall, que ofrece asistencia legal gratis para los inmigrantes.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes sin papales temen que los hospitales ahora amplíen su política, debido a la nueva reforma de la ley de atención médica, que contempla profundas reducciones en los pagos que reciben los hospitales que atienden a personas sin seguro médico.
Ejecutivos de empresas médicas confiesan que están en un dilema, entre la promesa de prestar atención a los necesitados y la batalla política para combatir la inmigración ilegal.
“Realmente nos pone en un dilema”, declara el doctor Mark Purtle, vicepresidente encargado de asuntos médicos del Sistema Médico de Iowa, que abarca al Centro Médico Metodista de Iowa. “Hay gente en el gobierno federal, el estado, todos, que dicen que no debemos estar pagando por los indocumentados”.
Las autoridades nacionales y estatales no quieren cubrir esos costos, dijo el doctor Mark Purtle, vicepresidente encargado de asuntos médicos del Sistema Médico de Iowa, que abarca al Centro Médico Metodista de Iowa.
Por ley, todos los hospitales tienen la obligación de recibir a todo paciente que necesite atención de emergencia, aun cuando no tengan recursos para pagar e independientemente de su status legal. Pero una vez que el paciente queda estable, la obligación desaparece. Muchos inmigrantes que carecen de permiso para residir en el país no tienen derecho al Medicaid, el programa estatal de asistencia para los pobres.
Es por ello que los hospitales tratan de enviar a esos pacientes a centros de rehabilitación o asilos para ancianos en sus países de origen.
Varios grupos activistas denuncian que la política de enviar a los pacientes a sus países de origen viola las leyes estadounidenses e internacionales y constituye una injusticia contra el sector más vulnerable de la sociedad.
“No tienen nadie que los defienda, que hable por ellos”, dice John De Leon, un abogado de Miami que ha tratado con tales casos.
El cálculo de la cantidad exacta de casos es difícil ya que ninguna agencia gubernamental lleva la cuenta de eso.
El Centro para la Justicia Social y la Asociación de Abogados de Nueva York para el Interés Público han documentado por lo menos 600 casos de inmigrantes que fueron repatriados en contra de su voluntad por razones médicas. La cifra está basada en datos de hospitales, organizaciones humanitarias, versiones de prensa y activistas. Pero se estima que la cifra verdadera es mucho mayor ya que muchos casos pasan inadvertidos.
Algunos de los pacientes que fueron llevados de vuelta a sus países luego fallecieron en hospitales que carecían de los recursos necesarios. Otros sufrieron problemas médicos persistentes porque no recibieron la atención debida, dice el reporte.
Los dos mexicanos de Iowa vinieron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y hallaron empleo en Iowa Select Farms, que les facilitó seguro médico aunque carecían de documentación alguna para residir legalmente en el país.
Cruz llevaba en el país unos seis meses, Rodríguez Saldana poco más de un año. Los dos fueron a pescar en mayo del 2008 y a su regreso su automóvil fue embestido por un camión. Salieron lanzados del vehículo por el impacto y sufrieron graves heridas craneales.
El seguro médico pagó más de 100.000 dólares por el tratamiento de emergencia. Pero no quedaba claro si el seguro pagaría por la rehabilitación a largo plazo. Dos centros de rehabilitación se negaron a atenderlos.
Once días después del accidente, los hombres estaban aún en coma cuando fueron colocados en un avión rumbo a Veracruz, donde un hospital había accedido a recibirlos.
Rodriguez Saldana, hoy de 39 años, dice que el hospital de Des Moines le dijo a su familia que no le quedaba mucho tiempo de vida y que lo mejor era que se volviera a México.
Al hospital “simplemente no le gustan los mexicanos”, dijo en entrevista telefónica con la AP. “Querían desconectarme de los aparatos médicos y dejarme morir. Decían que yo no podía sobrevivir”.
Portavoces del hospital dijeron que no podían hablar del caso debido al proceso judicial en curso. Los mexicanos y sus familias presentaron una demanda en el 2010 asegurando que el cuidado médico que recibieron en Veracruz fue deficiente.
Un juez desestimó la demanda el año pasado, al determinar que el hospital de Estados Unidos no tenía responsabilidad por lo que hiciera el hospital en Veracruz. Los tribunales también determinaron que aunque los familiares posiblemente no accedieron a que los mexicanos sean llevados de vuelta a su país, tampoco lo objetaron explícitamente. Un tribunal de apelaciones confirmó la decisión de desestimar la demanda.
Es común que los hospitales les digan a los pacientes que sus familiares desean que vuelvan. En casos en que los pacientes están inconscientes o no pueden comunicarse, les dicen a veces a los familiares que el paciente ha expresado deseos de volver, expresa De León.
A veces se les dice que la situación es grave y que el paciente tiene poco tiempo de vida, lo que lleva a los parientes a acceder al traslado, añadió De León.
Algunos hospitales “cometen extorsión emocional en el país de origen”, dijo De León. “Hacen que los familiares en el país de origen se sientan culpables, para así poder colocarlos en un avión”.
Según expedientes judiciales, el personal del hospital en Iowa dice que recibió autorización de los padres de Rodríguez Saldana y de la compañera de Cruz para contratar el viaje a México. Los familiares niegan haber dado la autorización.
No hay forma de saber con certeza si los dos mexicanos se habrían recuperado mejor o más rápido de haberse quedado en Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que el accidente los dejó a ambos con discapacidades profundas.
Casi cinco años después Cruz, de 49 años, tiene el lado izquierdo del cuerpo paralizado, debido a lesiones a su columna y cadera. Se le hace difícil hablar y no puede trabajar.
“Ni siquiera puedo caminar”, expresó en una entrevista telefónica en la que estalló en sollozos varias veces. Su compañera de hace tiempo, Belem, dice que desde el accidente ha estado más sensible.
“Se siente mal porque fue para allá y regresó así”, comentó ella. “Ahora no puede trabajar en nada… Se la pasa llorando”.
Ella trabaja vendiendo comida y limpiando casas. Su hijo mayor, de 22 años, a veces ayuda para traer algo de dinero.
Rodríguez Saldana dice que tiene pagar por la terapia debido a la inflamación de sus pies y mala circulación. Afirma que tiene problemas para caminar y que se le hace difícil trabajar. Vende artefactos domésticos como toallas y platos, un trabajo que le obliga a caminar mucho y visitar muchas viviendas. Con frecuencia se le olvida donde vive, pero alguna gente lo reconoce en la calle y lo lleva a casa al verlo confundido.
La Asociación de Hospitales de Estados Unidos dice que no tiene una política específica sobre la transferencia de inmigrantes y que no tiene cifras de cuántos hospitales lidian con ese problema.
Nessel vaticina que las deportaciones médicas aumentarán a medida que entre en vigencia la reforma del sistema de salud, que aumenta la cantidad de pacientes que pueden recibir el Medicaid. Como resultado el gobierno federal disminuirá los pagos que realiza a hospitales que atienden a personas sin seguro médico.
Algunos hospitales llaman a las autoridades inmigración cuando reciben pacientes sin documentos, pero el gobierno rara vez responde, dice Nessel. La detención del paciente implica que el gobierno se tendría que hacer cargo de mantener al paciente económicamente.
Jan Stipe es la administradora del departamento en el hospital de Iowa que encuentra a los hospitales en los países de origen de los inmigrantes que están dispuestos a atenderlos. El objetivo, explicó, es “llevar a los pacientes a donde están sus redes de apoyo, donde sus seres queridos, la gente que les dará el cuidado y atención que necesitan”.
El Consejo de Etica de la Asociación Médica de Estados Unidos emitió una directiva a los médicos en el 2009, exhortándoles a no “permitir que los administradores de hospitales usen su cuantioso poder y la actual falta de reglas” para enviar a pacientes a otros países.
Obviamente los hospitales no pueden prestar costosa atención médica a pacientes indefinidamente, dice la declaración, “pero tampoco deben los médicos permitir que los hospitales decidan arbitrariamente el destino de paciente inmigrante, no ciudadano, que carece de seguro médico”.
Arturo Morales, un abogado de Monterrey, México, que está ayudando a Cruz y a Rodríguez Saldana, está convencido que los hombres estarían mejor si se les permitiera quedarse en Iowa.
“No cabe la menor duda”, dijo Morales. “No se le puede dejar morir a un paciente sólo porque no tiene dinero”.
