SANTO DOMINGO.- El ex presidente Hipólito Mejía opinó que en América Latina y el Caribe, la corrupción se apropia de recursos económicos públicos y privados que, bien usados, podrían servir al bien común, deberían servir para mejorar la calidad de vida de las familias, el fortalecimiento institucional y una distribución más equitativa de la riquezas de los países de la región.
Estimó que una evidencia de esa realidad es que sólo en 2015 la corrupción costó en el área cerca de ciento cuarenta y dos mil novecientos veinte millones de dólares, cifra que representa el tres por ciento de lo que se produce en la región.
Mejía disertó sobre ” Política y Corrupción” en la Octava Conferencia Regional de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), celebrada en un hotel del este del país.
Expresó:
“Quiero hacer algunas propuestas que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y el Caribe.
En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Una legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigarla y para asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por esos funcionarios corruptos.
Esa legislación debe establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y empresarios que actúen en contubernio con funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios.
En segundo lugar, es imperativo fortalecer la competitividad, la cual, más que la panacea contra la corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector privado y es otra como forma de disminuir los incentivos a la corrupción.
La competitividad obliga a cumplir con normas internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el mercado causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar la corrupción.
En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de rigor que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, promulgada el 28 de julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir para fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia.
En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes que ser instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.
El modelo a superar es aquel que usa la asistencia social a los más desposeídos, para comprar conciencias y ganar el voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que operan sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente como garantía para que la población socialmente excluida se vincule a procesos productivos y mejore sus ingresos”.
