El dirigente comunitario dominicano de el Bronx, Héctor Ramírez, quien este martes se declaró culpable de un cargo de “posesión criminal de un instrumento preparado”, dijo que seguirá luchando por justicia igualitaria en su condado.
“No sé qué podría suceder en tres años, pero lo que puedo decirles es que voy a seguir luchando en este borough por justicia, justicia igual para todos y contra la corrupción”, dijo Ramírez.
Tras su admisión de culpabilidad, el juez Steven Barret lo condenó a prisión suspendida con la condición de que no podrá postularse a un cargo político por los próximos tres años.
Los hechos que se imputan ocurrieron en el 2014, cuando el político aspiró a la asamblea estatal por el distrito 86.
Según la acusación, su personal llamó a las puertas de los votantes y los convenció de firmar una boleta de votación en ausencia, insistiendo en que no tenían que acudir a las urnas.
Ramírez, un profesional de las finanzas, insiste en que eso es válido en el Estado de New York bajo ciertas condiciones.
Los fiscales acusaron a Ramírez y su equipo de escribir su nombre en las boletas preparadas y entregarlas a la Junta de Elecciones.
Decenas de víctimas habían declarado que el político y sus aliados los engañaron para que votaran en su nombre durante la primicia demócrata de 2014, dijeron los fiscales.
Su ayudante de campaña, Ana Cuevas, también se declaró culpable, pero sólo a una violación, no a un crimen.
La prensa de esa época publicó que la Junta de Elecciones, el mismo día en que finalizaron las primarias demócratas contó y presentó públicamente a favor de Ramírez 1,886 votos, y a favor del actual asambleísta Víctor Pichardo 1,878; pero 11 días después aparecieron inexplicablemente ocho votos más y la Junta de Elecciones de El Bronx dio como ganador a Pichardo por solo dos votos unos 25 días después del proceso.
El entonces “ganador” era apadrinado por el actual senador Charles Schumer, el presidente de El Bronx, Rubén Díaz Jr., el senador estatal por el Distrito 33, Gustavo Rivera, el presidente del partido en el condado, Carl Heastie, y la maquinaria demócrata, encargada de nombrar los 400 empleados de la Junta que participaron en dichas primarias en el borough.
Después de las elecciones varios oficiales policiales al servicio del entonces fiscal Robert Johnson visitaron decenas de seguidores de Ramírez con actitud y expresiones “intimidatorias y amenazantes”, entre ellos Zaida Cuevas, Emilio Benavides, Roberto Joseph y los esposos David y Marcia Williams, entre otros, preguntándole el por qué trabajaron y votaron por él.
Las comunidades hispana y afroamericana en dicho Distrito se unieron para denunciar un fraude electoral y pedir la renuncia del fiscal Johnson, bajo el alegato de que a Ramírez lo despojaron maliciosamente de su triunfo en las elecciones primarias.
Los manifestantes centraron sus quejas contra la Junta de Elecciones de El Bronx, el fiscal Johnson y la maquinaria demócrata, a quienes acusaron de actuar en complicidad para beneficiar al candidato de su preferencia (Pichardo) quien hasta ese entonces era desconocido.
Según los manifestantes, este proceso electoral fue viciado por la corrupción y el fraude, para impedir que un dominicano neto, de ideas independientes y defensor de la comunidad dominicana en llegara a la Asamblea Estatal.
Ante la situación la organización de los derechos civiles “South East Queens Services” que preside el rabino Garth Marchant, junto a varios abogados y el Defensor Público Comunitario, José Cepeda, denunciaron que la fiscalía había intimidado a electores que votaron por Ramírez como una forma de instrumentar un caso para justificar vicios en las votaciones.
