El licenciado José Miguel Vélez, coordinador general de Acción Ciudadana Dominicana (ACCIUDOMI), llamó a la sociedad dominicana a hacer un esfuerzo conjunto a los fines de que el gobierno respete su propia legalidad, por medio de cumplir y hacer cumplir las leyes, ya que entiende que por el actual derrotero se están destruyendo los cimientos de un verdadero Estado de Derecho.
Asimismo, Vélez pide al honorable presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a honrar el juramento que hizo ante la nación en la toma de posesión de cumplir y hacer cumplir las leyes de la República Dominicana.
“Todas las fuerza vivas de la nación deben hacer consciencia de la necesidad de que en el Estado dominicano, se cumplan las leyes, desde las más básicas como las leyes de tránsito, hasta las más intrincadas como la sentencia del tribunal constitucional 168/13, con característica de Ley”, señala.
De acuerdo a Vélez, es un secreto a voces las violaciones por parte de órganos del Estado de Leyes, decretos y reglamentos que las regulan, por lo que cree que eso es sencillamente inaceptable.
El coordinador general de ACCIUDOMI puso como ejemplo la disposición del director de Aduanas de cobrar impuestos a las compras por Internet, que a su juicio es en franca violación del decreto 402-05, así como del tratado de libre comercio DR CAFTA.
Manifiesta que el Presidente de la República no debe permitir que ningún funcionario público, invocando las razones que sean, se permita violar las leyes y las disposiciones de un decreto, pues, se hace reo de delito.
Dice que el presidente Medina está en la oportunidad y ocasión de hacer lo que nunca se ha hecho, cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y normativas, fundamentalmente en los Ministerios, Direcciones Generales y demás órganos de la administración pública, a los fines de trazar una política encaminada a la observación y cumplimiento de la ley por todos los ciudadanos.
Vélez explica que “El gobierno debe mantener una vigilancia especial en los organismos que manejan recursos públicos, a fin de evitar fugas y malversaciones de los mismos”.
Dice que ante el menor asomo de escándalo, el gobierno debe proceder a investigar, auxiliándose de organizaciones serias de la sociedad civil, con el propósito de dar al traste contra la impunidad en los casos de comprobadas acciones fraudulentas de administraciones anteriores, como el de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), durante la administración de Celso Marranzini.
Agrega que este caso debe ser denunciado ante organizaciones internacionales para que se investigue en profundidad y en detalles los destinos dados a recursos multimillonarios que explican el gran desastre del sistema energético nacional.