Los derechos de las personas discapacitadas de Haití no se respetan y en la mayoría de los casos este colectivo no sólo no disfruta de sus libertades fundamentales sino que es discriminado por sus deficiencias, según un Comité de la ONU.
Los pasados 15 y 16 de febrero Haití se sometió al escrutinio del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, órgano que hoy presentó sus conclusiones sobre el cumplimiento que hace de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Los expertos dicen estar “muy preocupados por los altos riesgos al derecho a la vida de las personas con discapacidad, particularmente las mujeres”.
Esto se ve exacerbado por las supersticiones y las creencias negativas sobre la discapacidad en Haití, dice el Comité.
Las conclusiones recuerdan el caso de tres mujeres con discapacidad auditiva que fueron asesinadas “salvajemente” en 2016 bajo el argumento de que eran “espíritus malignos”.
Otro aspecto que denuncian los expertos es que a las personas con discapacidad se les deniega en Haití el derecho a la propia capacidad legal, especialmente los que sufren de deficiencias psíquicas o psicológicas, y se les otorga directamente a los guardianes designados.
Es por ello que los expertos solicitan al país que se cambie la ley y se sustituyan los regímenes de guardianes “por mecanismos de apoyo a la propia decisión de las personas discapacitadas con respeto a su autonomía, derechos, voluntad y preferencias”.
Aun peor, según los expertos, es la legislación vigente que permite que se declare a un discapacitado persona “vetada” o “inadecuada” para ser un ciudadano “regular”, y por lo tanto se le prive de libertad por un tiempo ilimitado.
Los expertos se alarman porque incluso en el borrador de reforma del nuevo Código Penal se acepte la detención de las personas discapacitadas.
Asimismo, los miembros del Comité están preocupados por que las personas discapacitadas sospechosas de haber cometido un crimen estén recluidas preventivamente por largos periodos y no se les permita obtener libertad bajo fianza con el argumento de que son un peligro para ellos mismos y para otros.
Otro aspecto que se critica es que las personas con discapacidad psicológica puedan ser internados a la fuerza en un centro psiquiátrico y sin su consentimiento previo.
El Comité pide a Haití que “revise y rechace las normas legales que legitiman el internamiento forzoso y el tratamiento psiquiátrico no consensuado en base a su discapacidad y se asegure que todos los borradores legislativos están en línea con la Convención”.
También denuncia que las personas discapacitadas internadas, especialmente las mujeres, que están encerradas sin su consentimiento “sean sometidas a tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante, como ser encadenado”.
En el mismo sentido, el informe denuncia que las personas internadas, especialmente mujeres y niños, sufren violencia sexual.
Finalmente, el Comité también se alarma por que las mujeres haitianas discapacitadas, especialmente las intelectuales, sean forzadas a esterilización forzosa sin su consentimiento.
Los expertos piden al Gobierno haitiano que retire todas las leyes y normas que violan los derechos y libertades del colectivo de personas discapacitadas.
