Guatemala anunció el lunes de manera unilateral su retiro de una comisión anticorrupción de las Naciones Unidas, después de más de un año de tensiones entre el gobierno y el grupo que ha hecho investigaciones contra importantes funcionarios, incluido el actual presidente Jimmy Morales.
La canciller Sandra Erica Jovel informó en las Naciones Unidas el retiro de su país del acuerdo de creación y operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), bajo el argumento de que se ha extralimitado en sus funciones y politizó sus acciones en el país.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó poco después los reclamos contra el grupo y dijo que conforme a un acuerdo previo el mandato de la CICIG termina en septiembre próximo, por lo que espera que las autoridades guatemaltecas cumplan con sus compromisos internacionales.
En la capital guatemalteca, el presidente Morales acusó a Guterres de haber sido pasivo para resolver las diferencias que mantiene con la CICIG.
“A pesar de los esfuerzos de Guatemala ante las Naciones Unidas, el silencio, pasividad y negativa del secretario contribuyó a una incertidumbre del actuar de la CICIG que puso en riesgo la soberanía del país”, dijo Morales, quien estuvo acompañado de sus ministros, secretarios y de familiares de algunos de los acusados de corrupción por la comisión.
Entre las personas que lo acompañaron estaba una familia rusa que fue investigada, acusada y condenada por los tribunales por la compra y uso de documentos falsos para abrir empresas y comprar propiedades en el país, en un caso en el que participó la CICIG.
“Gracias señor presidente por la lucha de la soberanía y los derechos humanos”, dijo la rusa Irina Bitkova, una de las personas que dijo haber sido afectada por el trabajo de la comisión.
Desde las Naciones Unidas, la canciller dijo que el fin del acuerdo se aplicará en 24 horas y que la decisión implica la salida del país del personal de la CICIG, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el más alto órgano de justicia, emitió una resolución protegiéndolos.
Jovel dijo que notificó personalmente al secretario general de la ONU de la decisión de Guatemala y confió en que respetará la que llamó una decisión “soberana” de su país.
La canciller adujo que la comisión se ha extralimitado en sus actividades, las cuales están amparadas bajo el mandato suscrito por el propio presidente Jimmy Morales, que faculta a la comisión a investigar, procesar, denunciar con el acompañamiento de la fiscalía a los aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco que cometen delitos.
El gobierno de Guatemala y las CICIG han mantenido roces desde que la comisión, apoyada por la fiscalía guatemalteca, iniciaran investigaciones en 2017 contra familiares del presidente Morales por corrupción. Poco después comenzó una indagatoria sobre el mismo mandatario.
La CICIG ha solicitado el retiro de la inmunidad del mandatario por el presunto delito de financiamiento electoral anónimo e ilícito que empresarios le habrían entregado para que este pudiera alcanzar el poder.
La CICIG lleva más de una década de operar en Guatemala, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas.
