Gobiernos de toda América dan mayor importancia a los beneficios que a la supervivencia física y cultural de miles de indígenas, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe publicado antes del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se conmemora el 9 de agosto.
El informe analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar con los pueblos indígenas en relación con proyectos de desarrollo como carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades.
“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos”, ha manifestado Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.
“Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas, y sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado.”
Las deficiencias por parte de los gobiernos, documentadas en el informe de Amnistía Internacional, incluyen falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho de que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.
En Ecuador, por ejemplo, la comunidad indígena de Sarayaku –que se enfrentaba a la posibilidad de perder partes de sus tierras ancestrales a causa de un proyecto petrolífero sobre el que no se les había consultado– presentó su reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más alta en la región.
El mes pasado, la Corte falló que Ecuador tiene la obligación de llevar a cabo una consulta adecuada y participativa con la comunidad de Sarayaku, realizada de buena fe, conforme a sus prácticas culturales, y con el fin de llegar a un consenso antes de seguir adelante con un proyecto que puede afectar a su territorio. La sentencia de la Corte sienta un precedente jurídico para otros países de América.
“El Gobierno ha anunciado que ellos socializarán la información y que esa socialización ya es una consulta. Pero, según las normas internacionales, el derecho a consulta y al consentimiento libre, previo e informado es algo distinto. Para empezar, la consulta solo será real si las autoridades demuestran que nos toman en serio, respetan nuestros derechos y actúan de buena fe y con transparencia”, ha declarado Patricia Gualinga, una de las líderes de Sarayaku, a Amnistía Internacional.
Gobiernos de países de todo el continente americano se han abstenido de controlar la actuación de las industrias extractivas, aunque afecte a comunidades locales.
Desde 2003, la empresa canadiense Goldcorp Inc explota una mina en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la zona viven al menos 18 comunidades indígenas mayas que se han visto afectadas directa o indirectamente por la mina. Miembros de la comunidad han denunciado que la mina ha afectado a todos los aspectos de su vida, desde la contaminación que genera hasta desacuerdos en el seno de las familias y hostigamiento de quienes critican el proyecto.
Personas que residen en la zona han denunciado la ausencia de una consulta significativa sobre el proyecto. Según Carmen Mejía, indígena de San Miguel Ixtahuacán, “la empresa empezó a operar de una manera ilegal aquí, en nuestro territorio, engañándonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron […] que iba a tener […] todos estos impactos negativos, […] que iba a generar todo este conflicto”.
“El desarrollo económico puede contribuir al respeto por los derechos humanos. Pero no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, ha declarado Mariano Machain.
Amnistía Internacional pide a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.
