PANAMA (AP) — El gobierno panameño derogó formalmente el domingo la polémica ley que establecía la venta de las tierras de la zona libre de Colón y que generó una semana de protestas callejeras con un saldo de al menos tres muertos.
El mandatario Ricardo Martinelli, quien recién regresó de un viaje por Japón y Vietnam, sancionó la norma que deroga la iniciativa en un acto en la casa presidencial.
La ley había sido aprobada el 19 de octubre, lo que intensificó las protestas en la norteña provincia de Colón, donde opera la zona franca, considerada una de las más importantes del mundo.
Un movimiento de organizaciones sindicales, sociales y populares con el apoyo de los empresarios en Colón rechazó la venta de los terrenos del emporio comercial, al considerar que son un patrimonio de la provincia. Las tierras pertenecen al Estado y el gobierno pretendía venderlas a las empresas nacionales y extranjeras que actualmente las alquilan.
El gobierno argumentó, entre otras cosas, que con la venta se generarían ingresos frescos para invertir en proyectos sociales en Colón, donde se estima que 50% de los 245.000 habitantes vive en la miseria y 20% está desempleado, según informes oficiales e independientes.
Los colonenses, empero, se resistieron a aceptar esos argumentos y exigieron la derogación de la ley.
El portavoz del gobierno, Luis Eduardo Camacho, dijo el domingo que con la derogación se busca “superar la intranquilidad” en el país, que vivió una jornada de caos en la capital el viernes cuando las protestas desembocaron en saqueos a comercios en el centro de la capital.
La zona libre, que emplea a 30.000 personas –muchas procedentes de la capital– tiene un movimiento de importaciones y exportaciones que alcanzará los 30.000 millones de dólares este año, según proyecciones oficiales.
Colón, a 80 kilómetros al norte de la capital, también alberga varios de los puertos más importantes del país. Los colonenses se quejan desde hace décadas de que el desarrollo comercial y portuario no ha resuelto la miseria en la provincia.