Actualmente, se lleva a cabo un proceso de desalojo de los ocupantes del local, donde la alcaldía del DN realizará un proyecto recreativo
La Presidencia de la República negocia la compra por 550 millones de las instalaciones del antiguo Colegio Maharishi, ubicado en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional. El precio fue estimado en el proceso de excepción abierto por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) en septiembre de 2022, y aún en fase de firma del contrato.
La compra del Maharishi, que según fuentes oficiales está avanzada en un 85 %, se realiza con el poder especial 12-22 otorgado el 23 de marzo de 2023 por el presidente Luis Abinader.
En el lugar, en evidente abandono, se construirá un proyecto recreativo recientemente anunciado por la Alcaldía del Distrito Nacional. En la actualidad se está desalojando a personas y negocios que llevan años instalados allí.
El Maharishi tiene una extensión de 50,351.16 metros cuadrados que componen la parcela número 151-002-7287, del Distrito Catastral 2, del Distrito Nacional, propiedad del Instituto Maharishi de Ley Natural, Inc. Durante los años ochenta y principio de los noventa, en el colegio se impartió docencia basada en el denominado “campo unificado”. Fue cerrado por las autoridades educativas en 1994 y desde el inicio estuvo rodeado de controversias en razón de la orientación de la enseñanza.
La adquisición de sus instalaciones es parte de la iniciativa de la Presidencia de la República de rescatar inmuebles en el Distrito Nacional con fines urbanísticos.
“El inmueble tiene salida por la avenida Independencia y la autopista George Washington, y consta de una superficie de 50,351.16 metros cuadrados, por lo que, en consideración de su extensión, se presta para la gestación de proyectos urbanísticos de envergadura”, dice el ministerio en una resolución que no especifica el tipo de proyecto que será ejecutado.
La resolución data del 30 de agosto de 2022, pero desde mediados de 2021 se hacían las gestiones para adquirir el inmueble.
El 14 de septiembre de ese año, el ministro José Ignacio Paliza pidió iniciar los trámites de compra mediante una comunicación que dirigió a Igor Rodríguez Durán (su sustituto en el cargo durante la licencia que tomó para dedicarse a la campaña política en las pasadas elecciones de mayo), en su condición de presidente del Comité de Compras y Contrataciones del Mapre.
Dos meses antes, el entonces ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla –quien renunció al cargo tras la implicación de empresas familiares en el caso de corrupción conocido como Medusa–, remitió al referido comité una solicitud de compra del inmueble, señalando el “interés de la presidencia de la República en la utilización del mismo para el desarrollo de un proyecto“, que tampoco especificaba.
Como parte de las diligencias para la adquisición, el ministerio contrató ese mismo año a un agrimensor para un estudio pericial, quien determinó que “el mejor y mayor uso consistiría en generar un proyecto donde el Estado dominicano haga un aporte al desarrollo”. Indicaba también que “es factible la construcción de un parque o espacio abierto de esparcimiento público”.
Un parque
Sobre el posible uso de esos terrenos e instalaciones, en febrero de 2021 varios diputados presentaron un proyecto de resolución en el que recomendaban al presidente Abinader su adquisición para la construcción de un hospital general.
La iniciativa, marcada con el número 04812-2020-2024-CD, fue presentada por los congresistas Eliazer Matos Féliz, Carlos Higinio de Jesús Veras, Ignacio Aracena, Jesús Manuel Sánchez Martínez y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo.
Pero la presidencia se decantó por otras obras. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, anunció durante la toma de posesión para su segunda gestión en abril pasado que en los terrenos se construirá un “gran proyecto”, que incluye una pista de patinaje profesional, parque infantil, rutas internas para peatones, ciclovías, paisajismo y uso de áreas para establecimientos de comida y parqueos.
Del Maharishi: método y cierre
Según los datos incluidos en los documentos para su compra, el colegio Maharashi fue construido en septiembre de 1984. Tenía capacidad para 3,630 estudiantes, distribuidos en 66 aulas.
Su método de enseñanza, basado en la teoría del “campo unificado” desarrollada por Maharishi Mahesh Yogi, se enfocaba en el autoconocimiento y la meditación trascendental. Este campo, según se describe, es un estado de conciencia en el que el individuo se encuentra en relajación fisiológica profunda y con mayor agudeza mental.
“Cuando uno contacta con el campo unificado de una manera regular, en la vida diaria se infunde la conciencia trascendental. La vida se vive entonces de acuerdo con la Ley Natural y el resultado es más energía y creatividad. La vida comienza a florecer a todos los niveles”, explica la página Meditación Trascendental de la Fundación País Global Maharishi de la Paz Mundial.
En la reseña incluida en los documentos de la licitación se indica que el colegio Maharashi tuvo conflictos desde que empezó a funcionar en el país por supuestas violaciones al artículo 6 de la Ley de Educación que versa sobre los propósitos de la enseñanza. En 1994, la entonces secretaría (hoy ministerio) de Educación prohibió al Maharishi impartir docencia porque alegadamente la violación de las normas aludida ponía en peligro la promoción de sus estudiantes. La ley en que se basaba la prohibición fue modificada en 1997.
Algunos de los ocupantes del Maharishi dicen no saber con exactitud qué ocurrirá, pero ya han sido advertidos de que deben salir. Empleados de los negocios que allí operan, en su mayoría talleres de ebanistería, pintura o mecánica, dicen que en la actualidad se discute en los tribunales la forma en que deben abandonar el lugar, donde llevan años. Alegan derechos adquiridos.
El 25 de agosto de 2022 se emitió la certificación de apropiación presupuestaria para la compra del Maharishi, por un monto de 110,000,000 pesos, 440 millones de pesos menos que los 550 millones fijados como precio estimado de compra. Entre los documentos de la licitación MAPRE-CCC-PEPU-2022-0004 se incluyen las tasaciones realizadas por dos empresas privadas para determinar el precio del inmueble. Una lo valoró en 729,795,000 de pesos y la otra en 513,454,860 de pesos.
También figura un avalúo de la Dirección General de Catastro Nacional, que fijó el precio en 757,696,260 de pesos.