MANAGUA.- Los daños a la propiedad pública durante la crisis sociopolítica en Nicaragua, que ha dejado al menos 285 muertos según datos de onegés, suman unos 182 millones de dólares, informó hoy el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Según un informe presentado por el ministro de Hacienda, Iván Acosta, a través de medios del Gobierno, las destrucciones incluyen 55 ambulancias recién estrenadas en diversos municipios, cuyo monto no fue especificado.
Aunque el Gobierno no brindó detalles sobre las destrucciones, a lo largo de la crisis los incendios a alcaldías y otros edificios públicos han sido notorios.
La autoría de los incendios es incierta, ya que por un lado el Gobierno señala a la “derecha golpista”, mientras que los manifestantes “autoconvocados” han advertido que el patrón que siguen las quemas señala a los funcionarios.
De acuerdo con ese patrón, un día antes de cada incendio los trabajadores de la institución afectada sacan los muebles y documentos del edificio y una vez que la edificación está vacía, los medios de oficialistas advierten que va a ocurrir un siniestro.
Acosta lamentó que antes de la crisis, que comenzó el 18 de abril pasado, Nicaragua era “el tercer país que más crecía del continente, solo superado por República Dominicana y Panamá”.
Los datos del Banco Central de Nicaragua indican que hasta antes de la crisis el país esperaba un crecimiento del 4,5 al 5 por ciento, con una inflación acumulada de entre el 5,5 y el 6,5 por ciento.
La economía de Nicaragua crecerá 1,7 por ciento en 2018, en el mejor de los escenarios con la crisis sociopolítica actual, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, (Funides).
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde 1980, con Ortega también como presidente.
Al menos 285 personas han muerto, 2.500 han resultado heridas, 156 desaparecidas y 46 lisiadas de forma permanente en Nicaragua debido a la represión del Gobierno de Daniel Ortega, según un informe difundido por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del líder, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
