El gobierno de Donald Trump tomó la inusual medida de buscar pruebas de delitos cometidos por inmigrantes haitianos mientras decide si les permite participar en un programa humanitario que protegió a decenas de miles de la deportación tras el potente sismo que destruyó gran parte de su país en 2010.
Las pesquisas sobre el historial delictivo de la comunidad aparecen en correos electrónicos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) obtenidos por The Associated Press. Muestran como el recién nombrado director de política de la agencia quiere saber además cuántos de los 50.000 haitianos enrolados en el programa Estatus Protegido Temporal se benefician de ayudas públicas, a las que no pueden optar.
Los mensajes no dejan claro si los delitos cometidos por los haitianos se utilizarán para determinar su permanencia en el país. El programa busca ayudar a los ciudadanos de lugares asolados por la guerra o desastres y, normalmente, la decisión sobre su regreso se basa en si las condiciones en el país de origen mejoraron los suficiente.
“Quiero avisarles (…) la secretaría va a enviarnos una petición para seamos más receptivos”, escribió Kathy Nuebel Kovarik, directora de política y estrategia de la USCIS, el 27 de abril. Sobre la incapacidad de los empleados de la agencia para recopilar la información solicitada sobre los delitos, agregó: “Sé que parte de los datos no están registrados, pero tendremos que encontrar una vía para sacar más datos de nuestro sistema”.
La solicitud de los registros delictivos de toda una comunidad es una medida poco ortodoxa. La ley no aclara si debería tenerse en cuenta para el Estatus Protegido Temporal y el gobierno nunca dijo que utilizaría los datos criminales para decidir si los ciudadanos de un país pueden seguir en el programa. La introducción de nuevos criterios podría causar consternación entre los haitianos que respetan las leyes, que podrían sentirse castigados por el comportamiento de algunos compatriotas.
