Durante la pasada semana las autoridades dominicanas, en conjunto con la división del Caribe de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) pusieron en marcha un operativo en búsqueda de desmantelar la banda “Los Rugrats” la cual fue identificada como una “célula armada” del Cartel de Sinaloa.
Por el caso, fue apresado Yeyson Rojas Mosquea en Cotuí, contra quien se solicitó prisión preventiva como medida de coerción; mientras que fueron señalados como prófugos de la justicia local e internacional a Carlos Alberto Páez Pereda, Luis Alfonso Páez Pereda, Daniel Hiram Jáquez Ortega y César Eduardo González Zavala.
Al ser cuestionado sobre el caso en LA Semanal de este lunes, el presidente Luis Abinader indicó que no hay operaciones de narcotráfico llevadas por el Cartel de Sinaloa en el país.
“El Cartel de Sinaloa no tiene operaciones de narcotráfico en la República Dominicana”, exclamó, categóricamente, el mandatario.
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, señaló que ninguno de los identificados como prófugos de la justicia se encuentra actualmente en el país.
“Nosotros queremos recordarles que el 16 de febrero pasado intentó estar en el país un miembro operativo del Cartel de Sinaloa y fue apresada y entregada a las autoridades norteamericanas. Con relación a las dos personas que estuvieron en el país a principio de año, al momento de su ingreso no existía ninguna alerta internacional contra esas personas ni de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) ni de los Estados Unidos”, manifestó Cabrera Ulloa.
El mismo resaltó que en República Dominicana “no hay espacio” para el crimen organizado y que lograron identificar en “tiempo record” la presencia de esos miembros del Cartel de Sinaloa en el país.
“En tiempo record después que pasó el hecho en Cotuí, en conjunto de la Policía Nacional y organismos internacionales, determinar que esas personas habían estado aquí y ya habían salido hacia México, con escala en Colombia, lo que confirma que nosotros hemos dado una respuesta efectiva. Esta mañana yo recibí una llamada de Washington donde nos decían que el país debía de sentirse orgulloso porque casos como este a ellos les toma tres años, dos años y medio para llegar a una conclusión”, explicó el presidente de la DNCD.
El Ministerio Público le atribuye a esta célula haber ordenado y pagado el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio (alias “el Polín”) y el intento de asesinato de José Francisco Del Orbe Peña (alias “Gueilón”), ocurridos el 10 de febrero de 2025 en el sector Cocos del municipio Cotuí.
