SANTO DOMINGO.-El Gobierno dominicano rechazó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH -y reivindica el derecho que tiene República Dominicana como Estado soberano de determinar quiénes son sus nacionales.
Calificó el dictamen del organismo como “extemporáneo, sesgado e inoportuno”, porque se basa en hechos acontecidos en los años 1999-2000 y pasa por alto las políticas que tiene en marcha actualmente el país para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano.
El Gobierno dominicano manifestó que se adhiere “al artículo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales”, cuyo principio, asegura, “pilar del derecho internacional, es innegociable para el Estado dominicano”
Reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero que “cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad”.
Así lo informó esta noche el vocero de la Presidencia de la República, Roberto Rodríguez Marchena, durante una rueda de prensa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – condenó a la República Dominicana al establecer que en el país la irregularidad migratoria de los padres extranjeros, como un motivo de excepción a la adquisición de la nacionalidad en virtud del jus soli, resulta discriminatoria.
El tribunal señala que la aplicación de este criterio, priva a las personas de seguridad jurídica en el disfrute de derecho a la nacionalidad.
Durante la rueda de prensa, Rodríguez Marchena sostuvo que el deber del Gobierno, “en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica”.
Expuso que seguirán firmes en su determinación de continuar trabajando en la misma dirección, al referirse a la creación de una unidad especializada en derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección, para proteger a las personas, “con responsabilidad y sin descanso, pero partiendo siempre de la realidad social, política y económica de nuestro país”.
El vocero del Gobierno dice que fruto de esa política hace casi un año el país mantiene un proceso de dialoga con el Gobierno de la República de Haití, el “más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas”.
Dijo que ese diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación de los nacionales haitianos que residen en República Dominicana
