El gobierno de Mauricio Macri ganó la primera batalla en el Congreso para poner fin al litigio por la deuda impaga desde 2001 al obtener el martes en comisión un dictamen favorable al proyecto sobre el acuerdo alcanzado días atrás con los acreedores estadounidenses en una corte de Nueva York.
El oficialismo, con el respaldo de algunos representantes del peronismo opositor, obtuvo las firmas necesarias en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados para habilitar el tratamiento en el recinto del proyecto de ley de “normalización de la deuda pública y recuperación del crédito”.
La iniciativa, que contempla la emisión de deuda por 12.000 millones de dólares para el pago a los acreedores, se debatirá el próximo martes y de ser aprobada la discusión continuará luego en el Senado.
La disputa se remonta a la crisis financiera de 2001, cuando Argentina entró en cese de pagos de su deuda por unos 100.000 millones de dólares. La mayoría de los acreedores renegociaron lo adeudado en dos canjes en 2005 y 2010, que implicaron importantes descuentos, pero un grupo minoritario se negó y algunos de ellos llevaron el caso a los tribunales de Nueva York y ganaron.
El gobierno necesita que el Congreso avale el acuerdo antes del 14 de abril, cuando vence el plazo fijado en una mediación judicial celebrada en Nueva York con los demandantes, entre ellos el fondo NML del millonario Paul Singer.
El partido gobernante, que no tiene mayoría propia en el Parlamento, pudo avanzar con el proyecto gracias al respaldo de diputados peronistas que se escindieron del bloque del Frente para la Victoria por sus discrepancias con la conducción de la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015).
Los peronistas disidentes dieron su apoyo a cambio de una serie de modificaciones al proyecto inicial, entre ellas fijar un límite el monto para cancelar la deuda y a las comisiones de los bancos que colocarán los nuevos títulos.
El gobierno entiende que el acuerdo con los acreedores que demandaron al país tras el default de 2001 es vital para acceder a los mercados financieros y poner en marcha la economía.
Desde el kirchnerismo, en cambio, denunciaron las condiciones del acuerdo y alertaron sobre la amenaza que pende sobre el país si los acreedores que aceptaron importantes quitas de capital en los canjes de deuda de 2005 y 2010 acuden a la justicia para cobrar la diferencia.
